POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- El Ministerio Publico inició en días pasados el caso más importante de corrupción que haya llegado a tribunales dominicanos en toda su historia, en el que el Estado tiene derecho a reclamar 26,000 millones de pesos y por el cual fueron apresados tres altos funcionarios del gobierno de Danilo Medina, del que fueron colaboradores, y los que conformaron un clan de inmenso poder político y económico hasta el 16 de agosto del año 2020.
El denominado Caso Calamar es sencillamente un horror que describe cómo se orquestó una verdadera asociación de malhechores para extraer de las arcas públicas miles y miles de millones de pesos, todo lo cual tuvo como punto de partida una reunión en el Palacio Nacional con el entonces presidente Danilo Medina y los funcionarios apresados.
El también denominado Caso Donald Guerrero no fue una improvisación en materia de investigación, ni un caso fabricado con fines políticos, como de manera malsana y aviesa ha sostenido la cúpula del PLD.
Todo el mundo sabía en este país desde el año pasado que las investigaciones sobre este gigantesco fraude estaban en marcha y que se produjeron grandes presiones de diferentes sectores de poder, incluyendo un sector del partido gubernamental PRM, para que el mismo no llegara a los tribunales; por lo que resulta un acto de suprema valentía del Ministerio Público no ceder a esas presiones y cumplir con su suprema obligación de actuar en justicia.
La crítica que hace la cúpula del PLD de que el momento escogido para someter el Caso Calamar fue decidido desde el Palacio Nacional con fines políticos reeleccionistas, es falsa e injusta. Basta resaltar que fue en Agosto del año 2022, es decir hace 6 meses, que la Juez de Instrucción autorizó el requerimiento de información financiera sobre Donald Guerrero y más de 30 personas; proceso que lleva un tiempo largo para recabar información en los bancos e instituciones financieras.
A lo antes descrito, se le suman los procesos de negociación con un grupo de implicados en este caso, quienes confesaron todo y devolvieron más de 3,000 millones de pesos. Es, pues, evidente que la investigación estuvo lista ahora para llegar a justicia, en un expediente blindado con miles de pruebas.
Lo más contradictorio de lo que ha hecho la cúpula del PLD es que no se ha atrevido a defender la inocencia de ninguno de sus dirigentes presos y han pedido que la justicia sea la que decida su culpabilidad o no, planteamiento incongruente con el alegato de que son presos políticos del Presidente, que no ha sido sostenido ni siquiera por ninguno de los imputados presos en sus breves encuentros con los medios de comunicación.
El pueblo dominicano debe cerrar filas en apoyo al Ministerio Público que está hoy siendo salvaje e inmerecidamente atacado e insultado en algunos medios de comunicación, mediante una campaña financiada por los pejes gordos de la corrupción.
