SANTO DOMINGO.- Ante el nuevo escándalo que envuelve a la Cámara de Cuentas (CC) tras las declaraciones del presidente, Janel Ramírez, de que se siente como un “preso de confianza” porque supuestamente el pleno le induce a tomar decisiones que violan la ley, son cada vez más las posibilidades que se dan para que los integrantes del Pleno del organismo sean sometidos a un juicio político.
La comunicadora Julissa Céspedes en su programa Reporte Especial, que se transmite en CDN canal 37, los domingos en la noche, presentó un reportaje donde detalla con datos los escándalos que han surgido en torno a la Cámara de Cuentas durante su existencia y en especial en la última gestión que preside Ramírez, que junto con los demás miembros, fue escogido por cuatro años en abril de 2021, por el Senado de la República.
Las batallas que se libran a lo interno del Pleno de la Cámara de Cuentas, no solamente están relacionadas con decisiones administrativas que podrían infringir la ley, sino que el propio presidente, Janel Ramírez, ha estado envuelto en situaciones de índole de acoso laboral y sexual, de acuerdo con unas supuestas denuncias sometidas por dos empleadas de la institución.
En su reportaje, Julissa Céspedes, destaca que las dos situaciones mencionadas, son solo la punta de iceberg (una pequeña parte de todo lo que pasa en la CC), de lo que ocurre en la institución bautizada como la guardiana de los recursos públicos. Además de Ramírez integran la Cámara de Cuentas, Mario Fernández, Elsa Peña, Elsa Cataño y Tomasina Tolentino.
“Lo que ha salido a la luz pública respecto a lo que está ocurriendo a lo interno de la Cámara de Cuentas, parecería poner en evidencia un órgano incapaz de realizar la función tan importante de servir al principal auditor externo a todas las instituciones del Estado dominicano”, expresa el diputado José Horacio Rodríguez al ser consultado por la comunicadora.
Para el legislador por el Partido Opción Democrática, la situación de la Cámara de Cuenta es preocupante, “porque si no está funcionando bien, cómo nos aseguramos de que se están ejecutando de manera correcta los fondos públicos a través de informes y de auditorías que debe levantar ese órgano”.
Céspedes sostiene en su reporte especial que las auditorías que se encuentra pendiente de aprobación del bufete directo de la Cámara de Cuentas pudieran arrojar algún tipo de luz, tomando en cuenta que en estos informes se habría auditado a instituciones desde el 2016 al 2020, es decir, la gestión pasada.
En ese sentido, Nora Sánchez Padilla, coordinadora general de Participación Ciudadana, expresa que “parece ser que hay grupos o personas que se pueden estar viendo afectadas con alguna medida que pueda tomar la Cámara de Cuentas”.
“Y esto ha creado el conflicto a lo interno, porque parecería ser que existen algunos de los miembros de esa Cámara de Cuentas que responden a esos intereses”, argumenta la representante del movimiento cívico.
Quedan auditorías pendientes
Las situaciones de supuestas irregularidades en la Cámara de Cuentas vienen dándose desde décadas atrás, incluida la gestión pasada, que encabezó el entonces presidente del órgano, Hugo Álvarez, junto a Pedro Ortiz, Carlos Tejada, Margarita Melenciano y Félix Álvarez.
Bajo los referidos anteriores integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas, a finales de febrero del 2021, el Ministerio Público allanó a esa entidad por la investigación que se le seguía a sus exdirectivos por supuestos delitos de corrupción administrativa, entre ellos obstrucción de la justicia y lavado de activos, en la denominada Operación Caracol.
En su reportaje, la comunicadora Julissa Céspedes detalla que al cerrar el año 2020, la Cámara concluyó que de 721 entidades en la matriz del Sistema de información de la Gestión Financiera, solo 338 aparecen en el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, por lo que el 53% de las entidades no estaban inscritas.
Dice que hay más hechos que pudieran estar causando este escollo en la Cámara de Cuentas. El 30 de agosto del 2022, el órgano reveló que auditorías de cientos de licitaciones públicas revelan una imposibilidad de conocer los montos originales adjudicados.
También está pendiente de revisión de auditorías en los siguientes ministerios: Educación, Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y Hacienda. También, se espera un finiquito a los estados auditados de los ayuntamientos de Santiago, Santo Domingo Este, Pedro Brand, y Quisqueya, en la provincia de San Pedro de Macorís.
A esta lista también se suma las auditorías practicadas a Compras y Contrataciones Públicas, Infotep, Aduanas, Gabinete de Coordinación de Política Social y Cruz Roja Dominicana.
La Cámara de Cuentas hasta ahora ha sido una aliada del Ministerio Público, si este órgano no juegan su papel, la lucha contra la corrupción y la impunidad está desequilibrada.
El último juicio político fue a la CC
El último juicio político que realizó el Congreso Nacional, precisamente fue a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas en 2008.
En esa época salieron a relucir faltas graves de los nueve integrantes que conformaban el Pleno. Entre los señalamientos estaban: mala conducta en el desempeño de sus funciones, comportamiento alejado de la ética, lucha de intereses en el manejo de las auditorías, círculo de nepotismo, distribución alegre de los cargos por rifas en papelitos, violación a la ley de Compras y Contrataciones.
Los enjuiciados en ese momento fueron Andrés Terrero, presidente, Henry Mejía, vicepresidente, José Gregorio, secretario, y los miembros José Maceo, Julio De Beras, Luís Yépez, Juan Lora, Freddy Almonte y Alcides Decena Lugo, este último fue destituido por el Senado el 4 de julio del 2008, mientras que ocho renunciaron antes y durante el proceso. Decena Lugo fue el único que permaneció hasta el final y fue sancionado tras el voto de 160 de 161 diputados presentes.
Crean comisión para investigar el órgano
Tras las declaraciones de Janel Ramírez, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura la resolución que crea una comisión especial que investigará las presuntas faltas por parte del Pleno del órgano. La resolución contó con el voto favorable de 122 diputados presentes en la sesión de trabajo. Dicha comisión dispondrá de un plazo de hasta 30 días para rendir un informe. La comisión está compuesta por los diputados del PRM: César Santiago, Rosendy Polanco, Pedro Tineo, Saury Mota, Brenda Ogando, Santiago Vilorio, Amado Díaz, y Lily Florentino. Del PLD: Rubén Maldonado, Plutarco Pérez, Mayobanex Martínez, Víctor Suárez, Gustavo Sánchez. Del Reformista: Rogelio Genao, del PQDC Elías Wessin Chávez, del DXC Braulio Espinal, y del Partido Opción Democrática José Horacio Rodríguez.
ANGELA RAMIREZ
