POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Lamentable que en el siglo veintiuno los partidos políticos repitan el mismo libreto: “acoso y derribo” contra la Junta Central electoral.
La oposición, desde siempre (lo hizo con eficiencia el PRM antes de asumir el gobierno), concentra gran parte de sus esfuerzos en debilitar la credibilidad del órgano electoral.
Inexplicable, es la palabra que asoma, pero ese comportamiento tiene la lógica del mal perdedor o de quienes dudan del posible éxito o temen del poder del Estado, con amplios conocimientos de causa.
Son páginas para el expediente, siempre he dicho: aseguran ganarían, muchas veces en momentos inviables, luego deben justificar la derrota imputando parcialidad al árbitro electoral. Claro, que es una actitud irresponsable, pero en la campaña nada importa, menos esos “pruritos”.
Encallecen a sus seguidores y financiadores con sus peroratas triunfalistas, luego no se admite una decisión contraria, y la respuesta oportunista es desacreditar el proceso electoral.
En 2016, el PRM, aún debilucho hijo del escindido PRD, gritó fraude en unas circunstancias imposibles de triunfo, y casi impide las elecciones. Rechazó los escáneres en la víspera del día de votación y, extrañamente, “desaparecieron” numerosos presidentes de colegios electorales.
O sea, que lo que vemos en la actualidad no es nuevo y se repetirá no importa quién dirija la JCE; tampoco el partido que esté en el gobierno.
Un elemento fundamental en esta debilidad institucional, al margen de inmadurez, déficit democrático de los actores y de los curtidos en mañas viejas, es que ningún partido en su ejercicio congresual entrega a la Junta eficientes y claros instrumentos legales para regular los procesos. Siempre zonas grises, como he insistido anteriormente al comentar los desaguisados aprobados.
Más de 20 años intentando un código electoral y solo dos fallidas aprobaciones de leyes de partidos y una de régimen electoral que el Tribunal Constitucional ha tenido que corregir. Coyunturas de luchas grupales y partidarias, desidia, comportamientos maliciosos definieron leyes que resultaron contradictorias, sujetas a interpretaciones e inconstitucionales.
Ahora, claro, volvimos a los mismos problemas de las lecturas diferentes a los textos sobre regulación financiera, de tiempo de campaña electoral y del comportamiento oficial ante la inminencia de las votaciones.
Las encuestas siguen su agitado curso, pese a los reclamos para una regulación efectiva, y aunque se obliga el registro ante la JCE, no existen las sanciones condignas que desestimulen a vulgares negociantes, que dañan un válido sistema de medición de preferencias y la imagen de reputadas firmas.
Los candidatos están en las calles en busca de votos, muchos con ausencia de propuestas y excesos de promesas, y en paralelo hacen propaganda con encuestas que les favorecerían y activan ataques al órgano electoral cuestionando aspectos del proceso.
La práctica que se repite es la de elevar numerosos recursos ante la Junta, sin importar lo absurdo que resulten y luego contar los necesarios rechazos que dispuso el órgano, para una ridícula victimización.
Los delegados políticos y técnicos ante el administrador del proceso deberían ser colaboradores críticos del proceso, pero en ocasiones lucen entorpecedores de la organización de los comicios.
Por ejemplo, la Junta diseña un programa de transparencia, entre los que figura una auditoría preliminar a los equipos de digitalización y transmisión de datos a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) para medir seguridad. Se detectaron debilidades que se corrigieron de inmediato, como determinaron pruebas posteriores.
La lógica es prueba y corrección, pero de inmediato alarmas maliciosas.
(Cosas veredes: Danilo Medina descartó encuestas porque “todas están compradas” por el gobierno y aseguró que “somos el partido que está ganando más demarcaciones, más municipios…” La Junta será la culpable).
