SANTO DOMINGO- Críticas abiertas y directas al proyecto de reforma constitucional que promueve el presidente Luis Abinader, fueron formuladas este miércoles en la noche por experimentados juristas en un panel organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
El mismo tuvo lugar en la sede de dicha entidad con la participación de los juristas Leyda Piña Medrano, Eduardo Jorge Prats, Jottin Cury, Manuel Fermín y Maribel Reyes. Fue moderado por Hermógenes Acosta, magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Al mismo asistió además el expresidente de la República y presidente de FUNGLODE, Leonel Fernández.
Al iniciar el encuentro, Acosta dijo que la Constitución del 2010 “es producto de un consenso de la sociedad dominicana, porque estuvo precedida de una amplia consulta popular». A su juicio, para modificarla se requiere lo mismo.
Piña Medrano, jueza emérita del Tribunal Constitucional, opinó que la actual propuesta del Poder Ejecutivo carece de legitimidad, porque no tiene el consenso de los actores políticos.
Dijo que inicialmente contemplaba 33 artículos y dos años después se propone modificar 10 artículos, lo que indica que “no está bien pensada” y es una reforma inoportuna e innecesaria.
El abogado constitucionalista y exdirector de la Escuela de Derecho de la PUCMM, Eduardo Jorge Prats, expresó que para que entre en vigor la constitución reformada, se requiere pasar por el proceso de referéndum. Además, dijo que para toda reforma se necesita un triple consenso: el político, el técnico y el social.
Prats dijo que si bien es cierto que con su mayoría del oficialismo pueden aprobar la reforma a la Constitución, ésta requiere pasar primero por el consenso político para que tenga respaldo de todos los actores políticos del sistema, consenso técnico, para que la comunidad jurídica pueda debatirla y estar de acuerdo y, por último, consenso social, o sea, que la sociedad esté de acuerdo.
El juez emérito del Tribunal Constitucional, Jottin Cury, destacó que ni siquiera hay consenso entre el propio oficialismo, ya que -a su juicio- una cosa dice el gobierno y otra cosa algunos de sus legisladores.
Opinó que el Presidente de la República no puede decir que que la actual Constitución lo limita para trabajar, lo cual refleja «lo innecesario del proyecto de reforma».
El experto en derecho administrativo y constitucional, Manuel Fermín Cabral, dijo: “Si hay algo que se ha vendido como un gran éxito, es que se tiene un Ministerio Público independiente” por lo que no se entiende ahora que quieren reformar la Constitución para darle la independencia que ellos mismos dicen que tiene.
El jurista agregó que no hay ninguna razón de peso para justificar la reforma constitucional.
Sobre la necesidad de un referéndum, Fermín Cabral señaló: “Desde el momento en que usted decide agravar el procedimiento de reforma, eso significa que está cambiándolo». Insistió en que es obligatorio realizar el referéndum aprobatorio.
De igual manera, habló Maribel Reyes, quien fuera asesora durante 10 años del presidente del Tribunal Constitucional. Aseguró que hay una serie de leyes pendientes de aprobación, ordenadas por la Constitución del 2010, entre éstas la del Referéndum. Dijo que «si se quiere colocar una cláusula pétrea a la Carta Magna, esta última ley constituye la verdadera cláusula pétrea, pues se fortalecen las barreras de los mecanismos de modificación».
Todos los panelistas coincidieron en señalar que la unificación de las elecciones constituye un retroceso, al igual que la propuesta de reducción de diputados, pues -a su juicio- limita la representación. Indicaron que la propuesta no tiene mucho sentido si lo que se quiere es ampliar la representación popular, más aún cuando se propone eliminar diputados electos por votos directos y ampliar la cantidad de diputados nacionales que son electos por las cúpulas de los partidos y no de manera directa por los electores.
Sobre la motivación de modificar la Constitución para consolidar el Ministerio Público, los juristas también coincidieron en precisar que la actual regulación constitucional garantiza la consolidación e independencia del Ministerio Público.
Explicaron que hay muchas reformas pendientes, que son con las que el Poder Ejecutivo debe estar preocupado porque sean aprobadas en el Congreso Nacional, como es la penal, al sistema de salud y la laboral, entre otras.
