Expertos debaten sobre desafíos de esta población y oportunidad de mejora en el sistema penitenciario
SANTO DOMINGO.- Actores del sistema penitenciario de la República Dominicana y de otros países de la región se congregaron ayer en el “Foro Internacional sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario” para compartir buenas prácticas y abordar los desafíos, avances y propuestas en torno a la salud mental en contextos penitenciarios.
Los expertos abordaron la realidad de la salud mental de las personas en conflicto con la ley y sus familiares, así como del personal penitenciario y su entorno social.
En el contexto local, el Juez de Ejecución de la Pena en República Dominicana, José Manuel Arias, puso en relieve los principales desafíos que enfrentan los internos con problemas de salud mental en la República Dominicana.
En su ponencia “Salud mental y ejecución penal”, el magistrado destacó que actualmente en los centros penitenciarios del país se encuentran más de 400 personas con trastornos mentales.
Entre los principales escollos que enfrentan, según puntualizó, figura la atención sanitaria deficiente, hacinamiento, condiciones inadecuadas, la falta de programas de reinserción, tratamiento y seguimiento fuera de prisión. En ese sentido, dijo que se requiere de programas de atención médica integral y de evaluación y tratamientos continuos.
Estas dificultades surgen desde el inicio del proceso judicial. Como ejemplo citó la tardanza en la evaluación de los internos con problemas de salud mental, lo que lleva al aplazamiento de las audiencias.
“Como juez de ejecución de la pena, somos los que en el día a día nos encontramos con la realidad concreta, porque una cosa es lo que se diga, pero póngase en el lugar mío. Yo que tengo a esa privada de libertad allá en el 15 de Azua en Baní, en Baní Mujeres, en el 19 de Marzo, qué hago con ella entonces.
Hay que ver las dificultades y los escollos que tenemos. Yo necesito también esa documentación, pero que sea fiable porque si no yo pudiera estar mandando en un cumplimiento especial de la pena a una persona que no necesariamente tiene ese problema de salud mental”, dijo.
Aunque reconoce la importancia de contar con un centro penal psiquiátrico especializado, Arias se inclina por una red provincial de unidades en los hospitales.
“Pero además tenemos otra arista a donde lo envió porque a veces enviarlo a su misma casa podría ser un peligro para su propia familia. Entonces necesitamos una verdadera red de centros psiquiátricos que puedan captar no solo a la población penitenciaria sino a esos que sin tener un proceso penal igualmente necesitan la atención”, subrayó.
“Cuál es el riesgo que tenemos. Teníamos un interno en Baní, a quien se le colocó una medida de seguridad por espacio de cinco años, pero llegado a la pena, nunca fue a un centro especializado. Estaba en un centro normal en Baní hombre con todos los riesgos que eso implica. Póngase en el contexto, puede ser abusado hasta sexualmente en algunos casos y que hicimos nosotros, que cuando vimos, dijimos el nunca debió estar ahí y produjimos un auto de excarcelación”, expuso.
Y aunque existen pabellones de salud mental desde 2023 en algunos recintos carcelarios, iniciativa que el juez Arias aplaudió, también reconoció que sus condiciones no cumplen con los requisitos básicos, lo que dificulta la rehabilitación y expone a los privados de libertad a riesgos, frustración, aislamiento y la violencia, puntualizó en su presentación.
Concluyó en que la salud mental es un componente crítico del sistema penitenciario por todo lo que implica. “Hace falta una visión de Estado para que se pueda visibilizar el tema y el diseño e implementación de políticas públicas para mejorar la situación en el entorno del sistema penitenciario”, planteó.
De acuerdo con Luis Vergés, director del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República, presente en el evento, existen factores de riesgo que ponen en peligro la salud mental de los internos. Entre ellos citó la separación del núcleo familiar, hacinamiento, exposiciones a tratos crueles por sus pares, pérdida de la autonomía y la violencia en sentido general.
“Ya se ha estudiado cuáles son las patologías mentales que más influyen cuando no son tratadas para complicar el nivel de reincidencia y los dos que más predominan son los trastornos de personalidad y consumo de sustancias, y cuando se ligan estos dos, las investigaciones determinan que aumenta la probabilidad de reincidencia en el delito en cerca de un cincuenta por ciento”, puntualizó.
En su reflexión final, el profesional de la conducta alertó sobre “el peligro de asociar la salud mental con violencia, porque aleja más a la gente de ser compasivo, de ser solidaria, de buscar ayuda y se refuerza el mito que termina en estigma y discriminación”. El acto inaugural del foro estuvo encabezado por Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), quien destacó la relevancia del encuentro como parte de los esfuerzos por fortalecer la gestión humana y sanitaria dentro del sistema penitenciario dominicano. Explicó que, en ocasión del Día Internacional de la Salud Mental, era oportuno convocar, como en efecto se hizo, a la ciencia, a tomadores de decisiones y a operadores de diferentes ámbitos del desempeño público relacionados con el tema a fin de obtener una mirada sobre la problemática de la salud mental en los sistemas penitenciarios que incluya la identificación de posibles formas de abordajes que permitan atender de manera integral esta compleja situación.
Hacen compromiso de cooperación regional
El encuentro concluyó con una mesa técnica integrada por académicos y profesionales en la que analizaron los principales obstáculos que enfrentan los sistemas penitenciarios en la gestión de la salud mental, así como las propuestas más viables para su superación.Durante este espacio también se presentó la “Declaración Iberoamericana sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario”, documento de consenso que recoge las principales conclusiones y propuestas surgidas del debate. Dicha declaración fue firmada por los conferencistas, directores y especialistas participantes como compromiso de cooperación regional para mejorar la atención de la salud mental en los sistemas penitenciarios.
DIANA RODRIGUEZ
