POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Sacrificio es la palabra de moda. Algunos lo practican como ritual religioso o como acto personal de abnegación. Difícil cuando se trata de “renuncia voluntaria a algo valioso, el esfuerzo extremo o la privación, realizados por un fin mayor, amor o deber, a menudo implicando dolor o pérdida”.
En el caso de los gobiernos es excepcional la privación voluntaria de fondos públicos. Se procura la mayor cantidad de recursos económicos para obras que permitan una exitosa gestión o para acciones populistas que posibiliten la continuidad en el poder.
Cuando factores externos obligan a limitaciones o repartir odiosas cargas la situación se torna enojosa y obliga a filigrana política, para preservar la estabilidad económica y la paz social. Los actores políticos, empresariales y sociales lo saben, lo que fuerza a la responsabilidad compartida. La inconsciencia del liderazgo nacional podría llevar a un estallido social.
La guerra en el Golfo Pérsico ha obligado a replantearlo todo. Impactos negativos del conflicto en la economía global, con peores consecuencias para pequeños países dependientes como República Dominicana y, dentro de estos, a los segmentos de clase media hacia abajo por la imposibilidad de traspasar el balón.
Inicialmente el gobierno trató de asumir las consecuencias económicas de la confrontación bélica, quizás confiado en la promesa infundada de Trump de la brevedad de la operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán, pero con los días se agotó el oxígeno oficial.
El presidente Luis Abinader llamó al país al sacrificio y convocó a las iglesias y sectores industriales, comerciales, gremiales y políticos para consensuar medidas de contención. Los principales líderes opositores recibieron a los comisionados oficiales, pero rápidamente se distanciaron de las medidas que habrían de adoptarse, sabedores de que serían ineludiblemente impopulares. ¡Que se sacrifique el gobierno! Unísono el grito.
Al gobierno le imputaron que no tenía un plan, hasta que llegó formalmente el jueves último al final del 57 Consejo de Gobierno con énfasis en recortes operativos y compra no esenciales para un ahorro de 40 mil millones de pesos, pero con el “ganchito” de reducción del 50 por ciento del financiamiento estatal a los partidos políticos, como propuesta que debería ir al Congreso Nacional.
De inmediato, el rechazo unánime opositor al considerarla insuficiente y tildando la propuesta de recorte a los fondos de los partidos de inconstitucional y populista y un atentado a la democracia.
El gobierno anunció la “contención” en adquisición de vehículos, salvo prioridades; disminución de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, viáticos, pasajes; racionalización de combustible y la publicidad, entre otras. En cambio, reforzaría los programas sociales. Citó objetivos esenciales: preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto sobre la canasta básica y los insumos agropecuarios y sostener la inversión pública.
El reperpero lo ha desatado el planteamiento de disminuir a la mitad los fondos estatales a los partidos, idea que plasmó Abinader en sus propuestas de reformas al inicio de su primera administración.
Podría interpretarse como un pellizco político, ante la negativa de la oposición de comprometerse con medidas de austeridad, colocándola en una posición incómoda frente a población, en un momento extemporáneamente electoral.
El presupuesto del 2026 consigna RD$1,610 millones para 41 partidos, lo que reduciría a 810 el fondo. De aprobarse la propuesta en las próximas 4 semanas, mes 6, solo quedarían 405 millones por entregar. PRM, Fuerza del Pueblo y PLD se distribuyen el 50 por ciento de los recursos.
Estoy seguro que no se aprobará la propuesta, pero coloca la oposición en un incómodo espejo…
