POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Uno de los mayores riesgos institucionales es el deterioro de la autoridad, expresada en la percepción ciudadana de orfandad ante violaciones legales y abusos. La opción de los defraudados, sumamente peligrosa, “justicia” por mano propia. Acortado el camino hacia el caos.
La propiedad privada pierde su nombre, cuando unos invasores profesionales, deciden violentamente que aquel terreno es del Estado y que los documentos que muestra el dueño son falsos. El propietario debe estar dispuesto a arriesgar el pellejo y gastar una millonada en tribunales. Abundan las mafias de compleja articulación.
La impunidad de los motociclistas expone doblemente a los ciudadanos respetuosos de las normas: el hospital o la cárcel. Pudiera ser embestido por el desaprensivo que cruzó el semáforo en rojo o agredido por ese “padre de familia” que siempre culpa al otro. Si la víctima reacciona, en legítima defensa, la autoridad retomará su rol y se ensañará.
La indefensión se extiende en ámbitos de prestadores de servicios públicos y privados y las que quejas se trasladan a medios de comunicación y redes sociales, refugio de los inconformes.
Un área permeada por la ausencia de autoridad tiene que ver con contratos de inversión con la administración estatal, y que en ocasiones ha afectado la inversión extranjera, generándose advertencias sobre la seguridad jurídica en el país.
Un caso que llama poderosamente la atención, sin ir al fondo de la cuestión, tiene que ver con la operación de un relleno sanitario y una planta de valorización de desechos en La Cuaba, Pedro Brand. Medio Ambiente aprobó, garantizando los más altos estándares internacionales, pero una parte de la comunidad se opone y dice que impactaría negativamente en términos ambientales y económicos.
Grupos montaron un campamento, que impide la entrada al proyecto de los propietarios y la “autoridad” se limita a decir que espera un entendimiento entre las partes.
Así mueren las democracias.
