Expertos advierten falta de coordinación integral para proteger a mujeres tras denunciar violencia de género
SANTO DOMINGO.- Las estadísticas de violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones continúan reflejando cada año un problema que trasciende los hogares y que representa uno de los grandes desafíos para el Estado.
Aunque el Estado no puede controlar lo que ocurre dentro de cada familia, sí puede fortalecer las herramientas de prevención y protección para reducir los riesgos y evitar que las agresiones terminen en tragedias.
Entre las principales medidas que se aplican cuando una mujer denuncia violencia se encuentra la orden de alejamiento, una disposición judicial de carácter cautelar cuyo propósito es proteger a la víctima frente a un agresor y evitar nuevos episodios de violencia, acoso o amenazas. Su finalidad es salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de la persona en situación de riesgo.
Sin embargo, la existencia de una orden de alejamiento no garantiza por sí sola que el agresor deje de acercarse a la víctima. Su efectividad depende, entre otros factores, de la capacidad institucional para darle seguimiento, de la coordinación entre las autoridades y de que la víctima pueda mantenerse vinculada al proceso de protección y denuncia.
Como mecanismo directo de protección y respuesta ante el riesgo inminente, el Ministerio Público gestionó órdenes de protección con un promedio que rondó los 3,045 registros mensuales durante el año 2025. El mes con mayor efectividad y demanda de estas medidas fue enero, alcanzando un pico de 3,496 órdenes emitidas. Por el contrario, mayo registró la cifra más reducida del período con 2,695 órdenes expedidas.
Denunció acoso y no logró escapar
Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, buscó ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Había denunciado ante las autoridades que su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, la acosaba, la perseguía y hasta la rastreaba mediante GPS.
La denuncia fue presentada el 13 de mayo de 2026 ante la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar del municipio de Santo Domingo Este. La relación había terminado dos meses antes, pero, según su relato, él continuaba escribiéndole y vigilándola por sospechas de que mantenía otra relación.
Ese día, mientras Esmeralda se encontraba en la Fiscalía, su expareja permanecía en las afueras, inquieto, caminando de un lado a otro, pero nadie imaginó que aquella espera terminaría en tragedia.
Cuando Esmeralda salió del recinto, lo vio. Y corrió. La mujer intentó escapar por la calle Puerto Rico y buscó refugio dentro de un colmado. Pero su agresor la persiguió hasta el establecimiento y le disparó varias veces con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Esmeralda no pudo escapar. Tras el ataque, Tejeda Guzmán se suicidó con la misma arma.
Expertos en violencia de género consideran que el Estado falló en la protección de Esmeralda, al no garantizar un acompañamiento efectivo e inmediato después de que la víctima acudiera a las autoridades para denunciar el acoso y presunto rastreo del que era objeto por parte de su expareja.
La directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia del Ministerio Público, Solange Alvarado, advierte que muchas mujeres quedan prácticamente solas después de denunciar a sus agresores, debido a la falta de apoyo familiar, de allegados y del mismo Estado.
La especialista considera que el país necesita políticas públicas que acompañen de manera integral a las sobrevivientes.
“Entonces no tenemos políticas públicas reales”, sostiene Alvarado, al considerar que la protección debe ir más allá de recibir una denuncia y ofrecer medidas judiciales, para garantizar también las condiciones preventivas que permitan a la mujer mantenerse a salvo.
Yocelin Calvo Peña, jueza de la Corte Penal de San Cristóbal, coincide con Alvarado al explicar que la violencia de género no se combate únicamente con una sentencia o una medida cautelar.
“En cuanto a las medidas de protección, todavía falta mucho. Cuando se logra probar una situación, se dictan las medidas correspondientes, pero muchas veces no son completamente efectivas por sí solas”, resalta.
La magistrada afirma que “se necesita prevención, protección, atención, seguimiento, educación, tratamiento para las víctimas y también intervención con los agresores”.
De igual modo, la terapeuta familiar y presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam), Soraya Lara Caba, advierte que una orden de alejamiento no funciona por sí sola, sino que debe estar acompañada de una ruta de seguimiento y de mecanismos eficaces para que las mujeres puedan reportar nuevos hechos de violencia y las autoridades actúen de manera oportuna.
Lara Caba señala que es necesario que el agresor comprenda que sus acciones tienen consecuencias y que las autoridades puedan identificar cuáles casos representan un mayor peligro, debido a que no todos los agresores tienen el mismo nivel de riesgo.
En ese sentido, plantea la necesidad de establecer mecanismos efectivos de evaluación que permitan determinar qué tan expuesta se encuentra una mujer y activar medidas de protección acordes con la situación.
Historias de mujeres pidiendo ayuda
Las redes sociales se han convertido en un mecanismo para muchas mujeres que han tomado la valentía de denunciar a sus exparejas y pedir ayuda a las autoridades.
Yennifer Marín lleva casi tres meses viviendo en un lugar que no puede revelar. No está sola. Junto a ella permanecen su hija, una niña de apenas seis años, y su madre, una mujer de 71 años. Las tres, según relata, se esconden por temor a su expareja, Luis Enrique Evertsz, a quien atribuye episodios de violencia e intimidación.
“Desde hace ya tres meses, tanto mi hija de seis añitos y mi mamá de 71 vivimos escondidas. Las presas somos nosotras”, dice Marín en un video difundido en redes sociales.
A cientos de kilómetros de esa historia, Rosa Iris Ozoria, de 30 años, también conoce el significado de abandonar una casa por miedo. Después de poner fin a una relación de aproximadamente seis años con el padre de su hijo menor, asegura que comenzó a ser perseguida y amenazada de muerte.
“Él penetró a mi casa, ha intentado darme golpe, me ha desbaratado muchas cosas en la casa y le ha dicho a mi niño que me va a matar y me va a quemar la casa”, relata.
“Pido a las autoridades protección para mí y mis hijos quienes también corren peligro. Soy madre soltera y temo que me pueda matar y que ellos queden solos o les haga daño”, expresa.
Para Génesis Medina Domínguez, el miedo tampoco terminó cuando consiguió una orden de alejamiento. Según denuncia, su expareja, el arquitecto Jancel Antonio Martínez, habría incumplido la medida de protección y se habría presentado frente a su vivienda, donde presuntamente lanzó piedras contra su vehículo hasta romper sus cristales.
“No garantiza por sí sola la vida”
Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, advierte que tanto las órdenes de alejamiento como las casas de acogida, aunque son herramientas necesarias, todavía presentan desafíos para garantizar una protección verdaderamente integral a las mujeres víctimas de violencia.
Fondeur explica que las casas de acogida creadas por el Estado ofrecen una respuesta inmediata e integral a las denunciantes, con atención psicológica y legal, además de actividades educativas y capacitaciones para las víctimas y sus hijos.
Sin embargo, algunas sobrevivientes han planteado que durante su permanencia en estos espacios pierden sus autonomia, empleos y sus hijos dejan de asistir a las escuelas, mientras sus agresores continúan en libertad.
La presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia sostiene que el propósito fundamental debe ser que la mujer pueda reconstruir su vida sin regresar al mismo nivel de riesgo.
En ese sentido, considera que todavía “no existe una protección integral” que cubra todo lo que conlleva ser mujer después de una denuncia por violencia.
Sobre las órdenes de alejamiento, Fondeur afirma que son necesarias, pero insuficientes cuando no están acompañadas de evaluación de riesgo, vigilancia y una respuesta inmediata ante un agresor dispuesto a incumplirlas. “Disponerla no es lo mismo que garantizar que una mujer permanezca viva y segura”, advierte.
A su juicio, una de las principales debilidades está en la falta de seguimiento policial y judicial que permita convertir la protección formal en una protección efectiva. “Ayudará, pero no solucionará”, sostiene, al considerar que todavía existe una brecha entre el diseño de las políticas públicas y su aplicación.
Como muestra de la magnitud del problema, Fondeur señala que la Fundación Vida Sin Violencia registra 72 feminicidios íntimos en lo que va de 2026, que han dejado en la orfandad a 100 niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, la jueza Yocelin Calvo Peña, miembro de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, señala que las casas de acogida enfrentan el desafío de que muchas víctimas, al poco tiempo de ingresar, deciden abandonarlas, debido a que todavía no existe un ecosistema de protección capaz de atender de manera integral todas las necesidades de una mujer.
Explica que en estos espacios ninguna víctima permanece contra su voluntad, porque no se trata de un centro de privación de libertad. Las mujeres reciben orientación y se les recomienda permanecer allí como medida de seguridad, pero tienen la facultad de decidir si continúan o abandonan el lugar.
“Es diferente con un menor de edad. A un adulto se le puede decir: ‘Te vas a quedar aquí por seguridad, por lo que pasó’, pero si esa persona decide irse, no se le puede obligar”, sostiene la magistrada.
Denunciar “desgasta” a las víctimas
La violencia de género, intrafamiliar y sexual constituyen una problemática estructural que permanece en el tejido social dominicano, advierte la jueza Yocelin Calvo Peña, quien explica que estos delitos son de acción pública, por lo que, una vez las autoridades tienen conocimiento de los hechos y cuentan con elementos suficientes, el proceso puede continuar aunque la víctima posteriormente quiera retirar la denuncia.
Sin embargo, Calvo Peña señala que la declaración de la víctima suele ser fundamental para reconstruir lo ocurrido, debido a que es quien puede explicar cómo, cuándo y bajo qué circunstancias sucedieron los hechos.
La magistrada advierte que el paso del tiempo puede modificar la decisión de una víctima. La dependencia económica, los hijos, la presión familiar y las condiciones sociales pueden hacer que una mujer inicialmente decidida a continuar con el proceso termine desistiendo o cambiando su versión.
La directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, Solange Alvarado, describe el proceso penal como una experiencia extremadamente difícil para las sobrevivientes y reconoce que muchas mujeres terminan cuestionándose si vale la pena continuar.
“El Ministerio Público también enfrenta dificultades cuando la víctima decide no seguir adelante, particularmente en aquellos casos en los que una parte importante de las evidencias depende de su testimonio”, resalta Alvarado al conversar con elCaribe.
Para la presidenta del PACAM denunciar también tiene un costo económico y emocional. Las mujeres pueden enfrentar gastos de transporte para acudir a las audiencias, alimentación fuera del hogar, tratamientos médicos y otros desembolsos derivados de la violencia, además de los costos legales cuando no cuentan con representación gratuita.
Sostiene que asumir una denuncia y recorrer la llamada ruta crítica puede resultar desgastante, especialmente para las mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad
“Si no se comprende la realidad que viven las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, la orden de alejamiento no siempre será una garantía de seguridad y protección”, resalta Soraya Lara Caba.
Más de 52 mil órdenes de protección en seis años
De acuerdo con datos suministrados por el Poder Judicial, a través del Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP), desde enero de 2020 hasta septiembre de 2026 los tribunales de primera instancia del país han acogido 51,659 solicitudes de órdenes de protección y alejamiento, mientras que 1,211 fueron rechazadas, para un total de 52,870 solicitudes procesadas. Solo durante 2025, los tribunales acogieron 10,993 solicitudes de órdenes de protección y alejamiento y rechazaron otras 145, para un total de 11,138 solicitudes tramitadas en ese período.
En tanto, entre enero y septiembre de 2026, los tribunales a nivel nacional acogieron 7,594 solicitudes y rechazaron 160, para un total de 7,754 solicitudes procesadas. Las cifras muestran que miles de mujeres han recurrido a los tribunales en busca de medidas de protección frente a situaciones de violencia. Durante 2025, Santiago encabezó las solicitudes de órdenes de alejamiento, con 3,225, seguida por el Distrito Nacional, con 1,608; Duarte, con 942; Puerto Plata, con 660; Villa Altagracia, con 585, y Santo Domingo, con 95. Entre enero y septiembre de 2026, Santiago volvió a registrar la mayor cantidad, con 2,073 solicitudes, seguida por el Distrito Nacional, con 1,048; Duarte, con 565; Villa Altagracia, con 379; Puerto Plata, con 236, y Santo Domingo, con 63.
73 feminicidios en 10 meses: crece la violencia
Solo en los primeros 10 meses de 2026, República Dominicana registra 73 feminicidios, 18 más que los 55 contabilizados durante todo 2025. El contraste también resulta significativo frente a 2024, cuando se registraron 71 feminicidios, frente a los 55 de 2025, para una reducción aproximada de 22 %. Sin embargo, los 73 casos acumulados en los primeros diez meses de 2026 vuelven a elevar la preocupación sobre el comportamiento de este tipo de violencia. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la mayoría de los feminicidios registrados este año fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. De los 73 casos, 12 mujeres habían presentado una denuncia previa, mientras que 61 no habían acudido ante las autoridades antes de ser asesinadas.
1,210 personas fueron rescatadas nivel nacional
1,210 personas, entre mujeres y menores de edad, tuvieron que ser rescatadas en 2025 de situaciones de violencia de género. Detrás de esta cifra hay mujeres que debieron abandonar sus hogares para salvar sus vidas y niños que tuvieron que ser alejados de escenarios de violencia, una realidad que revela la urgencia de reforzar la prevención y la protección de las víctimas. La jueza de la Corte de San Cristóbal, Yocelin Calvo Peña, sostiene que las Casas de Acogida todavía no tienen cobertura en todas las jurisdicciones del país, por lo que consideró necesario ampliar su presencia territorial. Señala que, aunque existen varias en Santo Domingo y Santiago, otras zonas continúan sin este servicio. Citó como ejemplo a San Cristóbal, una ciudad con alta tasa de violencia de género.
FRANKELVIN SANCHEZ
