Bajo la promesa de un proyecto de remozamiento de 57 millones de pesos, importantes costados del centro urbano de Baní han sufrido una herida profunda en su patrimonio natural e histórico.
Desde robles firmes en su postura al centenario y frondosos árboles de mango, que durante décadas ofrecieron sombra, comodidad saludable de la temperatura y refugio a miles de munícipes frente a la Gobernación Peravia, el edificio de Oficinas Gubernamentales y el Hospital Nuestra Señora de Regla, fueron talados en un acto que ambientalistas, juristas y comunicadores locales han calificado como «un auténtico ecocidio urbano».
Tras ejecutarse esta tala, la indignación estalló de inmediato, copando espacios de la televisión de la ciudad, plataformas digitales y redes sociales.
Mientras sectores organizados y la ciudadanía contempla con asombro los troncos amputados en las aceras, las explicaciones oficiales tambalean entre puntos de contradicción y la indiferencia.
Argumentos surgidos desde sectores vinculados al poder local intentan justificar el tumbe de árboles, alegando un supuesto deterioro del concreto y el envejecimiento de las especies.
Peso a esto, las evidencias fotográficas, los vídeos recopilados por diversas vías y medios y la misma consistencia del propio roble, que es capaz de perdurar sano durante siglos, desmienten de forma categórica que los árboles amenazaran la infraestructura o padecieran de enfermedades mortales.
Según datos científicos, un árbol de roble puede vivir entre 300 y 600 años en promedio, aunque muchas especies superan fácilmente los 1,000 años y existen ejemplares históricos que rebasan los 2,000 años de antigüedad.
Su alta resistencia se debe a la densidad de su madera y a su alto contenido de taninos, los cuales lo protegen contra hongos e insectos. El clima, el espacio disponible y la ausencia de enfermedades determinan si alcanzan el extremo superior de su vida.
Un silencio sospechoso
El aspecto más alarmante de este hecho no es solo la acción ejecutora, sino el silencio institucional que rodea la operación. Ecologistas banilejos sostienen que la tala de árboles de ese porte no se realiza en minutos ni de forma clandestina.
Sin embargo, durante el desarrollo del corte no existió notificación ni requerimiento de permisos ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni ante la Alcaldía del municipio.
Pese a tratarse de una intervención de alto impacto en pleno corazón de la ciudad, ni la Alcaldía ni la Dirección Provincial de Medio Ambiente intervinieron para detener la acción.
Para los activistas y comunitarios, la falta de fiscalización previa configura una aparente «componenda de silencio» entre las entidades llamadas a velar por el patrimonio público.
La respuesta oficial previa, lejos de admitir el desacierto, profundizó la indignación cuando la vocera de la Gobernación catalogó la amputación del arbolado como un «mal necesario».
Un experto en diseño y planificación urbana que prefirió no identificarse indicó que el argumento de que la vegetación obstaculiza la estética arquitectónica resulta insostenible, afirmando que la arquitectura contemporánea «no compite con la naturaleza, sino que la integra, la dignifica y la rodea de armonía».
Peravia es una provincia de clima semiárido, donde las temperaturas alcanzan niveles extremos en gran parte del año, por lo que la sombra de los robles constituía «una necesidad vital» de los ciudadanos.
Esos árboles amortiguaban el calor abrasador, mejoraban la calidad del aire y cobijaban a diario a ancianos, estudiantes y trabajadores que esperaban transporte en el espacio donde se realizó la tala.
«Una fachada puede remozarse e inaugurarse en cuestión de meses con un presupuesto millonario, pero un roble centenario tarda más de medio siglo en alcanzar su madurez y devolverle la frescura al entorno», advirtió el abogado y ambientalista Ramón Pol.
Ante la magnitud del daño ambiental y simbólico, diversos sectores de la sociedad civil y medios de comunicación, encabezados por figuras locales como Daniel Lajara, exigen la convocatoria urgente a una rueda de prensa por parte de la Gobernación Provincial, la Alcaldía y la Dirección Provincial de Medio Ambiente.
La comunidad está exigiendo respuestas claras y documentadas a las siguientes preguntas: ¿Dónde está la autorización técnica y el estudio de impacto ambiental emitido por el Ministerio de Medio Ambiente para ejecutar dicha tala?
¿Quién fue el funcionario o técnico responsable de autorizar la eliminación total de los árboles en lugar de integrar el arbolado existente al diseño del remozamiento de RD$57 millones?
¿Cuál es el plan de remediación inmediata y las sanciones correspondientes por la ejecución de una obra pública al margen de los procedimientos legales ambientales?
GUILLERMO PEREZ
