SANTO DOMINGO.- Será el 14 de enero próximo a las 5 de la tarde cuando el magistrado José Alejandro Vargas emitirá su decisión de si revoca o no el archivo definitivo de los expedientes de siete de los primeros investigados en el caso Odebrecht.
Vargas, en función de juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoció este lunes la audiencia sobre una objeción que presentó la fundación Alianza Ciudadana en contra de los archivados firmados por el ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez.
Alianza Ciudadana, además de pedir que los archivos definitivos sean revocados por haber sido emitidos de forma irregular y secreta, solicitó al juez ordenar al Ministerio Público realizar las indagatorias pertinentes a los fines de que la investigación sea debidamente concluida.
De su lado, el Ministerio Público solicitó al juez Vargas que declare la nulidad de los archivos definitivos.
El órgano acusador le indicó al magistrado que en el hipotético caso de que acoja los vicios que dice la entidad tienen estos archivos definitivos, lo que procede, entonces, no es la revocación sino la nulidad de los mismos. Agregó que actualmente tienen una investigación abierta sobre el modo en que se hicieron estos archivos y la legitimidad de los mismos, ya que son irregulares.
Mientras que, a través de sus abogados, Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Máximo D’ Oleo, Ruddy González, César Sánchez y Bernardo Castellanos, quienes fueron beneficiados con los archivos, pidieron al juez que rechace tanta la solicitud de Alianza Ciudadana como la del Ministerio Público.
Con respecto a Alfredo Pacheco, actual presidente de la Cámara de Diputados, y quien es otro de los beneficiados, la fundación Alianza Ciudadana no presentó objeción.
Antes de conocer el fondo de la objeción, varios de los accionados presentaron incidentes con el que buscan que se declare la inadmisibilidad de la demanda, alegando que la fundación Alianza Ciudadana no tiene personería jurídica, y por la supuesta falta de capacidad para actuar de la abogada de la entidad, Evelyn Torres, por no presentar un poder de representación, así como por falta de interés.
Indicaron que la fundación Alianza Ciudadana Incorporada no está registrada en la Procuraduría General de la República y que por lo tanto no puede accionar en justicia.
La fundación presentó una certificación que establece el registro de la Alianza Ciudadana para la defensa de los derechos fundamentales.
Los abogados de los demandados indicaron que son dos entidades diferentes.
El juez Vargas difirió el fallo de estos incidentes para el fondo, es decir, dará su parecer al respecto también el 14 de enero del 2021 a las 5 de la tarde
Los referidos archivos también fueron firmados por el procurador general de Corte Narciso José Escaño Martínez, cuando estaba como titular interino de la Pepca, quien está siendo investigado disciplinariamente por la Inspectoría General del Ministerio Público.
ROSMERYS DE LEON
