POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- La Junta Central Electoral (JCE) ha emitido una reglamentación para determinar el método de asignar recursos públicos a los partidos políticos y catalogar los mismos de mayoritarios al tenor de lo dispuesto por el Art. 61 de la Ley Electoral.
¿Qué dice la ley? Que aquellos partidos que hayan sobrepasado el 5% de los votos válidos en la última elección, se les asignará el 80% de los recursos estatales.
El Art. 61 no dispone de un método de promedio de elecciones de distintos niveles. Tiene una laguna por omisión. La JCE no puede legislar y disponer algo que la Ley no le manda. Y es eso lo que la JCE ha hecho, perjudicando a la Fuerza del Pueblo y a otros 23 partidos, al disponer que sólo el PRM y PLD son partidos mayoritarios.
No discuto el poder reglamentario de la JCE. Conforme al Art. 23 de la Ley 200, debió someter a consulta pública su proyecto de resolución. Lamentablemente, no lo hizo. Pero ¿qué hacer en aquellos casos donde un partido sacara más 5% en un nivel y en otro menos? Esa es la pregunta clave.
La Fuerza del Pueblo sacó 5.69% en nivel presidencial. Y menos de un 5% en el nivel congresional.
Le tocaba a la JCE, en ausencia de mandato legal, emitir una reglamentación con el criterio de favorabilidad que tiene rango constitucional. Ese criterio con el norte de fortalecer el sistema de partidos de RD. No debilitarlo, creando en el imaginario popular que en RD hay sólo 2 partidos mayoritarios que sobrepasan el 5%, lo cual es falso.
El traspiés de la JCE se ha visto como un acto claro de persecución contra Leonel Fernández y su partido, Fuerza del Pueblo, así como una línea clara antipartidos. Muy peligroso para la credibilidad de una JCE que acaba de iniciarse.
La JCE debe reconsiderar su resolución antidemocrática. Despejar la duda que se ha creado en la población de que sectores políticos partidarios están detrás de dicha resolución.
El método de promedio no está en la Ley. Y esa realidad nadie la puede discutir. Si se va a interpretar administrativamente la decisión, tiene que ser la que más fortalezca la democracia en la República Dominicana, no la que más la debilite.
