POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ.- Sigo creyendo en la honestidad de la magistrada Mirian Germán, en su capacidad como jurista con una experiencia que supera los 40 años en los distintos estamentos de la justicia hasta llegar a los más altos como la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, los procesos judiciales en contra de los funcionarios corruptos de los pasados gobiernos van lentos, muy lentos.
Al paso que van, terminará el cuatrienio del presidente Luis Abinader sin que hayan terminado condenando a los culpables.
La responsabilidad no es exactamente de ella, es de un aparato, de una estructura infuncional, con un diseño hecho justamente para evitar que haya justicia, que los procesos se dilaten durante meses y años hasta caer en lo que llaman “limbo jurídico”.
El tiempo avanza, el Gobierno tiene casi seis meses y aún no hay un solo preso definitivo. Y hay muchos casos en carpeta esperando la acción judicial.
El interés de las partes es la que mueve la acción, suelen decir con razón los abogados. El presidente Abinader tiene interés. Ha declarado en varias ocasiones que todo el que cometió actos de corrupción pagará por ello y que sus bienes les serán incautados. Recuperar lo robado al pueblo forma parte de su promesa de campaña.
El pueblo quiere ver presos a los corruptos. Tolerancia cero frente a ellos. Pero el sistema judicial no parece estar a favor de la justicia, al contrario, se convierte en un aliado de los delincuentes de cuello blanco que rara vez terminan en la cárcel por mucho tiempo. Las cárceles dominicanas están repletas de pobres, no de políticos ladrones que tienen a su favor periodistas, abogados, fiscales y jueces.
Una buena parte de los fiscales tiene compromisos políticos con el Partido de la Liberación Dominicana que los formó profesionalmente y los mantuvo en sus puestos durante 16 años. Eso no ha sido cambiado; esa estructura se mantiene intacta. Me temo que ocurra lo mismo que durante el gobierno de Hipólito Mejía que llevó a los tribunales, incluso a la cárcel a un grupo de exfuncionarios que en poco tiempo lograron su libertad. Hay pues, que desarticular ese entramado judicial que impide que la justicia llegue hasta los desfalcadores del Estado.
Si el Ministerio Público, que el Presidente considera “independiente” no agiliza los procesos es probable que los corruptos se salgan con las suyas.
Algunos dirigentes del PLD, millonarios a terror tras su paso por el Estado, están temerosos de que los llamen desde la Procuraduría, les dicten medidas de coerción y los encierren.
Quieren evitar la degradación social. Ante la desesperación que los embarga, se están reuniendo y tramando acciones concretas desestabilizadoras. Los organismos de seguridad del Estado saben de los planes y proyectos para evitar que los planes de justicia del presidente Abinader fracasen.
