POR CRISTHIAN JIMENEZ.- “Agentes policiales ultimaron a cuatro alegados delincuentes en un supuesto intercambio de disparos en Villa Altagracia”.
“Mediante comunicado, la Policía Nacional identificó a las víctimas solo con los motes de La muerte, El abusador, Jayson y Cara de diablo a quienes definió como “reconocidos delincuentes, con un amplio prontuario”
“Explicó que los hombres formaban una banda denominada “Los acaba rápido” que realizaba atracos en la autopista Duarte entre La Vega y Villa Altagracia”
“La Policía les habría ocupado cuatro pistolas y dos revólveres, con numeración limada y dos “chilenas” y un machete, así como varias onzas de un polvo blanco presumiblemente cocaína. De acuerdo con el reporte, con una de las armas se habría asesinado un oficial policial en enero último”.
“Detalló que una hora antes del supuesto enfrentamiento a tiros los cuatro hombres que ocupaban un vehículo marca Kia, color blanco habrían atracado a una pareja de esposos en las proximidades de Bonao”.
“Enfrentaremos a los delincuentes en el terreno que escojan”, proclamó un vocero policial”
Reseñas similares a esta se hubiesen escrito de no haber sido los esposos Elisa Muñoz y Joel Díaz y el joven Claudio Alberto Ramírez los ocupantes del vehículo blanco que albergaría a los sospechosos de la comisión de un atraco, con alerta para los patrulleros de la zona.
Los policías, según testigos, realizaron numerosos disparos tan pronto los ocupantes del vehículo obedecieron la orden de detener la marcha.
¿De quién fue la orden de asesinar a todos los ocupantes del vehículo? ¿Por qué tan drástica decisión? ¿Solo instinto criminal o un “tumbe”? ¿Es modus operandi de grupos policiales?
Si no fue una iniciativa del equipo actuante, que encabezaba un teniente, ¿quién fue el oficial que impartió la orden y si la instrucción fue personal o a través de la radio? En este último caso, el ministerio publico encargado de la investigación ya debería tener el nombre del responsable principal del doble crimen
¿El hecho de que un oficial dé una orden de eliminar vidas, obliga a un subalterno a ejecutarla?
¿Lo exime de responsabilidades?
¿Cuál es la prédica a los subalternos sobre respeto a la Constitución y las leyes y una disciplina vertical irracional?
Desentrañar esto es crucial para el presente y futuro de la institución, pero sobre todo para la seguridad de los ciudadanos.
¿Se impondrá el espíritu de cuerpo, código de silencio o el ministerio público podrá traspasar esos muros para lograr la verdad, más allá de este caso específico?
Y la pregunta fundamental: ¿con estos policías es que vamos a ejecutar el Plan de Seguridad Ciudadana, que hace poco anunció el presidente Luis Abinader? Abinader que con toda indignación proclamó en el Palacio Nacional que “en este gobierno, la vida humana es sagrada y no vamos a tolerar que la violencia nazca de las propias fuerzas que deben combatirlas”.
Al presentar condolencias en nombre de su familia y pedir perdón en nombre del Estado a los padres de Elisa Muñoz, Abinader dijo que “les aseguré mi compromiso con la transformación y depuración de nuestra policía. No permitiremos excesos”,
Es evidente que el desastre obliga a replantearse el Plan de Seguridad, o al menos hacerle ajustes que puedan garantizar “transformación y depuración” policial.
El doble crimen de los predicadores evangélicos ocurre al día siguiente de la difusión de un informe que denuncia al mundo las ejecuciones policiales en República Dominicana por parte del Departamento de Estado, de los Estados Unidos.
Cierto que es imposible buscar suizos para integrar la Policía, pero es más que evidente que hay que hundir más el escalpelo.
