POR NARCISO ISA CONDE.- La corporación Jabil ha sido incluida entre las grandes compañías beneficiadas por un Presidente empresario y un gobierno bajo el mando de EEUU y del gran capital privado local.
Amparada por disposiciones de la Administración Trump, favorables al traslado de sus redes asiáticas a EEUU y a Nuestra América, Jabil se estableció en la República Dominicana en la Zona Franca Industrial de los Bajos de Haina en septiembre del 2018.
Al frente de ese proyecto fue colocado Steves Borges, Vicepresidente Ejecutivo de la división Jabil Regulated Industries, dedicándola a producir y exportar desde aquí una gran variedad de productos médicos, incluidos recientemente pruebas anti-Covid PCR rápidas.
Este nuevo renglón en su cadena productiva sirvió de motivo para volverla a inaugurar con mucha bulla y gran promoción mediática; ahora con la bendición del Presidente Luis Abinader acompañado de sus Ministros de Industria y Comercio y Trabajo y de su Director Aduanas quienes al compás de la exaltación de su persona, han seguido su ejemplo en la incuestionable y pertinaz misión de promover, desde la cúpula estatal, al gran capital transnacional y sus jugosos negocios privados, montados sobre la “oportunidad” de crecer que le brinda la COVID 19 y su estela de muerte, penurias y miedos.
Zona Franca Industrial equivale a exportación de mano de obra barata y sobrexplotación de trabajadores/as dominicanos/as. Implica, además, exportación libre de impuesto de casi todo lo producido para beneficio exclusivo de la Jabil.
A esa marca el propio Presidente Abinader -enarbolando en mano su envase y elogiando la empresa- le hizo propaganda desde el podio de la ceremonia inaugural, seguido del eco de sus subalternos en diversas cadenas mediáticas.
Detalles de esa transacción no se han dado, pero sin posibilidad de perder podría apostarse “peso a morisqueta” que la compensación al Gobierno será mil veces inferior al valor de su emplazamiento en esta isla y al precio en publicidad gratuita que ya se le ha aportado a Jabil Inc.
Al mismo tiempo el Gobierno dominicano redujo la gratuidad de la PCR a una prueba anual por persona, ampliándose el mercado interno a productores privados de pruebas; mientras se admiten por ese concepto deudas de casi 3,8OO millones de unos de pesos a las voraces Administradoras de Riesgos de Salud privadas (ARS), luego de incurrir en la “indelicadeza” de pagarle a esas empresas parasitarias 4,500 pesos por cada prueba PCR, un precio incluso muy superior (3,200 pesos, y menos) al que cobran laboratorios de análisis privados por cada aplicación. ¿Transparencia?
