La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, aceptó el miércoles ser investigada y retó a su antecesor Evo Morales a someterse a un proceso independiente por las muertes y violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la crisis de fines de 2019.
Poco después Morales dijo en conferencia de prensa que si quieren hacerle un juicio de responsabilidades “pueden hacerlo, es su derecho, pero no van a encontrar nada, van a perder su tiempo”.
La víspera el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsabilizó a ambos gobiernos por la violencia que derivó en “masacres”, “torturas”, “ejecuciones sumarias” y “graves violaciones de los derechos humanos” en la crisis política que dejó 38 muertos.
Los casos más graves -calificados de “masacres”- ocurrieron en Senkata y Sacaba después de la renuncia de Morales y cuando Áñez aún era senadora de la oposición.
Un comunicado de la familia de Áñez subido a la cuenta de Twitter de la exmandataria sostuvo que ella está “dispuesta a la investigación enmarcada en el respeto a la constitución y las garantías del debido proceso”.
“Ahora nos toca preguntar a Evo Morales: ¿Está usted dispuesto a someterse a esta investigación en igualdad de condiciones y con las mismas arbitrariedades que le fueron impuestas estos 5 meses y 5 días?” que Áñez lleva presa, agregó el comunicado.
Áñez de 54 años, está detenida preventivamente en una cárcel en el centro de La Paz acusada de sedición y terrorismo y recientemente la justicia le agregó otros seis meses en prisión.
La expresidenta presenta un cuadro de “síndrome ansioso depresivo” e hipertensión. La mañana del miércoles nuevamente fue sacada de prisión y llevada a que le realicen exámenes médicos, sin embargo, su familia denunció que no se cumplió el pedido de que sea atendida en una clínica de su confianza.
Morales coincidió con su heredero político, el presidente Luis Arce, y aseguró que el informe prueba que “hubo graves violaciones y ejecuciones que desembocaron en golpe de Estado”.
La oposición política rechaza la “teoría del golpe de Estado” y afirma que fue una “rebelión popular” contra el supuesto fraude electoral cometido por Morales para conseguir un cuarto mandato consecutivo.
El exgobernante boliviano Carlos Mesa, actual líder opositor, exhortó a Arce que por “responsabilidad y la voluntad política debe cambiar a los operadores de justicia como condición previa” para iniciar juicios de responsabilidades no solo a Áñez sino también a Morales.
AP
