La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Espaillat le impuso este viernes el pago de una garantía económica de RD$500,000 como medida de coerción, a un hombre acusado por el Ministerio Público de provocarle la muerte, de seis disparos, a una perra parida de cuatro cachorros.
La jueza Aura Esther Lora Peralta impuso el pago de la garantía económica mediante compañía aseguradora y presentación periódica a Oscar Polanco Reyes (Pole), por la muerte de la perrita, identificada como Alma.
El Ministerio Público solicitó al tribunal que le impusiera a Polanco Reyes tres meses de prisión preventiva, luego de obtener evidencias testimoniales y documentales que lo vinculan con el acto de sangre en contra del animal.
Las autoridades indicaron que la investigación se inició en virtud de una denuncia interpuesta por Karla Altagracia Polanco López, de 22 años de edad, quien había informado del caso a través de las redes sociales y luego presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, el pasado jueves 23 de septiembre.
De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió el pasado día 20 de este mes de septiembre, alrededor de las 08:30 de la noche, en momentos en que el animal se encontraba en el patio de una vivienda del encartado.
La señora Polanco López denunció que a las 08:00 de la mañana del día siguiente salió a buscar la perrita y la encontró en el patio de Polanco Reyes.
La Fiscalía de Espaillat, en el transcurso de la investigación realizó un allanamiento en la propiedad de Polanco Reyes, en donde colectó elementos de pruebas a investigar, así como un arma blanca tipo puñal.
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios Atención Permanente autorizó el allanamiento en una peluquería y en la residencia de Polanco Reyes, ubicadas en un solar de la calle Profesor Juan Bosch, del sector El Limoncillo, en el distrito municipal Canca La Reyna, de Moca.
El procurador de corte Sandy Bencosme, a cargo de la investigación, solicitó la imposición de medidas de coerción en este caso, siendo conocida la misma por el también procurador de corte Ramón Arturo Rosario, quien presentó al tribunal varias pruebas obtenidas durante el proceso.
La juez Lora Peralta impuso la medida de coerción amparada en el artículo 226, numerales 1ero. y 4to. del Código Procesal Penal.
