SAN JUAN, PUERTO RICO.- Más de 4,000 personas molestas por los continuos cortes de energía en el territorio estadounidense de Puerto Rico se manifestaron el viernes para denunciar cómo la falta de electricidad ha afectado a su salud, su trabajo y la escolarización de sus hijos.
Muchos de ellos exigieron la salida de Luma, una empresa privada que se hizo cargo de la transmisión y distribución de energía en la isla desde el 1 de junio. Algunos también están enfadados con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, que posee y opera unidades de generación que se han estropeado en las últimas semanas, en gran parte debido a la falta de mantenimiento y reparación.
“Estamos hartos de llegar a casa y percatarnos que no tenemos luz”, dijo Mayra Rivera, de 55 años, quien añadió que está especialmente preocupada por sus padres, que tienen más de 90 años, y por el calor que experimentan en casa.
Miles de personas marcharon al atardecer por una de las principales avenidas de la capital, San Juan, bloqueando el tráfico. Una vez que oscureció, levantaron sus teléfonos, convirtiendo la avenida en un mar de pequeñas luces. La última vez que se cortó el tránsito en esa vía fue durante las grandes protestas de 2019 que llevaron a la dimisión del gobernador.
Algunos llevaban camisetas en las que se leía: “Vete al diablo, Luma” al tiempo que aplaudían o hacían resonar cacerolas mientras caminaban, respaldados por enormes altavoces colocados en camionetas de los que salían consignas contra los apagones.
Entre los que marchaban estaba Juan Antonio Rivera, de 78 años, quien dijo que el corte más reciente lo dejó a oscuras esta semana durante 43 horas. Los anteriores dañaron sus dos computadoras.
”Y arreglar una costó 200 dólares”, exclamó. “Aquí tengo los recibos para llevárselos a Luma”.
Los cortes de electricidad se han producido con más frecuencia y han durado más tiempo en los últimos meses, y la gente se queja de que no puede administrarse terapias respiratorias o ha tenido que desechar su insulina o los alimentos. Muchos también se han quejado de que no pueden trabajar o de que sus hijos no pueden tomar sus clases en línea, y de que se han dañado aparatos caros.
Cicma Albino, una profesora de 56 años de Guayama que condujo más de una hora para participar en las protestas, indicó que los apagones afectaron su escuela durante tres días.
“Los hemos tenido que enviar a casa”, dijo sobre los estudiantes.
Los apagones no sólo se han producido tras la avería de las unidades de generación, sino también por los cortes selectivos anunciados por Luma que duran varias horas después de que los funcionarios advierten que la demanda está superando la oferta.
Jesús Ambert, un manifestante que trabajaba como operador de líneas para la Autoridad de Energía Eléctrica, se puso su ropa de trabajo, con todo y casco y cinturón de herramientas, y dijo que estaba frustrado y enfadado por los apagones, ya que su madre está postrada en la cama.
“Ella va a sufrir”, manifestó.
La red eléctrica de Puerto Rico se ha vuelto más inestable después de que el huracán María azotó la isla en septiembre de 2017 como una poderosa tormenta de categoría 4. Las tareas para reforzar la red aún no han comenzado, y el gobierno anunció el jueves el primer desembolso de fondos federales para la Autoridad de Energía Eléctrica, de los que 7.1 millones de dólares estarán destinados a trabajos de reconstrucción. El dinero forma parte de un total de 9,500 millones de dólares asignados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para reconstruir la red.
El nuevo director de la autoridad, Josué Colón, dijo que los funcionarios han identificado varios proyectos por un total de 2,400 millones de dólares. También señaló que las unidades de generación están en condiciones críticas.
La marcha se produce el mismo día en que Luma anunció que suministró electricidad por primera vez a una comunidad de la vecina isla de Culebra que había dependido exclusivamente de generadores o paneles solares. El viernes también se autorizó a la empresa a poner en marcha ocho proyectos de reconstrucción de transmisión y distribución por valor de 117 millones de dólares.
DÁNICA COTO AP
