SANTO DOMINGO. – La directora del Departamento de Ética e Integridad Gubernamental (DIEIG), Milagros Ortiz Bosch, consideró importante que las investigaciones del Ministerio Público se extiendan a funcionarios públicos que permitieron o autorizaron presuntas acciones corruptas en entidades gubernamentales.
En una comunicación enviada a la procuradora general de la República, Miriam Germán, la funcionaria emitió su opinión a propósito de auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas, cuyos informes acaban de ser publicados.
Ortiz Bosch considera que el país tiene la oportunidad histórica de construir un moderno y eficaz sistema de administración pública en el que los gestores de gobierno actúen convencidos de que el cumplimiento de los procedimientos y normas es la más efectiva herramienta contra la corrupción.
La ex vicepresidenta de la república se refiere específicamente a informes de auditorías practicados por dicha cámara a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (en cuanto a procesos de equipamiento de hospitales), al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (proceso de urgencia para la reparación y mantenimiento general de centros hospitalarios) y a la Policía Nacional (adjudicación, ejecución, despacho, fiscalización y libramientos de pago por concepto de suministro de combustible).
“Como es de su conocimiento, el articulo 6 numeral 29 del Decreto núm. 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental otorga a esta institución la función de dar seguimiento a aquellas auditorias de la Cámara de Cuentas que hayan sido sometidas al Ministerio Público, además de velar porque se implementen las recomendaciones en ellas establecidas”, expresa la directora de la DIGEIG en su comunicación a la titular del Ministerio Público.
Tras declararse convencida de la profesionalización, independencia y objetividad en los criterios de investigación en la actual gestión del Ministerio Público, Ortiz Bosch motiva su propuesta en la necesidad y oportunidad de fortalecer las mejores prácticas de administración pública en la República Dominicana.
“Es en esas atenciones que, con el debido respeto a la investigación que pueda realizar o que esté realizando a las referidas auditorías, que nos permitimos solicitar que las mismas se extiendan a los servidores públicos que han permitido, violando los procedimientos establecidos, autorizar acciones corruptas que se tejieron en las instituciones objeto de los informes de las auditorías de referencia”, agrega la misiva.
La directora de la DIGEIG estima que los montos envueltos en los tres señalados casos de corrupción, de acuerdo a los datos consignados en los informes de auditoría de la Cámara de Cuentas, fueron gastos irregulares que podrían haber acrecentado la deuda de la República Dominicana y violado controles presupuestarios.
SAUL PIMENTEL
