POR CRISTHIAN JIMENEZ.- En tono arrogante y ensordecedor los peledeístas pregonaban que en 6 meses resolverían la crisis del sector eléctrico: llegaron al poder, y salieron 20 años después y los problemas, con matices diferentes perduran.
Iniciativas como aquel proceso de capitalización motivaron fuertes críticas, sobre todo de los blancos en su ropaje anterior perredeísta y la más reciente decisión de generación estatal a partir del carbón, en medio del huracán de corrupción de Odebrecht, provocó un remezón nacional que el entonces imperturbable Danilo Medina recurrió de urgencia a una comisión de notables para que le santiguara a Punta Catalina.
Los opositores perremeistas fueron consistentes en las críticas desde el primer día hasta después de asumir el poder y control de las plantas. Era necesario apartar a los corruptos e incapaces para colocar a los calificados y transparentes técnicos y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno.
Sin embargo, ¡oh sorpresa!, éstos no parecen reunir las competencias técnicas y morales para dirigir el proyecto que produce a bajo costo un tercio de la necesidad de generación eléctrica del país, visto que se optó por la figura del fideicomiso y la designación de ejecutivos provenientes del sector empresarial.
Se “aleja” por 30 años, como dijo un amigo, un carísimo bien público de las “manos largas” de los políticos. A propósito, ¿son los políticos más corruptos que los empresarios? Revisemos la historia de la corrupción desde la fundación de la República.
A falta de una ley de fideicomiso sobre bienes públicos, se estira un reglamento muy bien concebido para ampliar facilidades en el ámbito inmobiliario, pero se saltan aspectos que chocarían con la Constitución, de acuerdo a expertos.
La intención del presidente Abinader, de procurar que abogados logren un estatuto que preserve las plantas, es sano y por eso lució molesto (extraño en él) al responder desde Madrid cuestionamientos sobre el polémico contrato remitido al Congreso Nacional. Insistió en que no habrá privatización.
Quizás debió ordenar primero, una legislación específica sobre fideicomisos de carácter público para evitar choques con otras leyes y roces con la carta magna.
Ante la inobservancia, el gobierno podría retirar el contrato para realizar correcciones consensuadas, que realmente podrían dificultarse porque políticos y partidos ya realizan ejercicios opositores con el tema.
Hay artículos en el contrato que no se avienen a la ley de libre acceso a la información y algunas zonas grises con relación a la norma de compra y contrataciones públicas.
Se consigna que los miembros del comité técnico serán nombrados por decreto, pero se enviaron los nombres con el contrato, por lo que la designación quedaría cubierta por la aprobación congresual, por lo cual los cambios tendrían que volver a los legisladores. Defensores del proyecto alegan que esto es una simple confusión.
Además, los miembros designarían a sus propios sucesores, lo que afectaría la facultad constitucional de nombramientos oficiales.
En fideicomisos como el de RD Vial los miembros son los titulares de varios ministerios del gobierno.
Empero, lo que ha generado mayor suspicacia es la figura de los fideicomitentes adherentes, insuficientemente explicado, que podrían entrar al negocio con aportes de dinero. Para algunos sería un lento pero firme camino a la privatización factual.
El dinero se requería al inicio de la construcción de las dos plantas, como ocurre actualmente con las alianzas público privadas, pero la obra pagada por los dominicanos y pendiente de una auditoría que defina sus reales costos.
Políticamente el PRM luce entrampado en el tema de las plantas que le sirvió de bandera cuestionadora en la reciente campaña electoral. Le quema. PLD ríe, parcialmente validado.
La “puta Catalina” ahora es santa…
