El tema es abordado junto a los profesionales Miguel Collado Di Franco, Antonio Ciriaco Cruz y Andy Dauhajre
Cada vez que el Gobierno decide congelar el precio de los combustibles está beneficiando más a los ricos (a los que tienen posibilidad de consumir más) que a los pobres. En eso coinciden tres economistas del país.
Por ejemplo, Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), al abordar el tema, a pedido de elCaribe, sostiene que “cuando el Gobierno congela el precio de los combustibles lo que está haciendo es permitiendo que quienes consumen más –que precisamente son las personas de mayores ingresos- se beneficien con precios más baratos”.
Mientras, Andrés Dauhajre Hijo, en un artículo publicado en este periódico sostiene que “los gobiernos no mejoran la equidad distributiva cuando congelan o limitan los aumentos de precios de los combustibles”.
Cita a modo de ejemplo, que en 2021, el Gobierno dominicano evitó traspasar a los precios de detalle la totalidad del aumento de los precios internacionales del petróleo y derivados y que el sacrificio fiscal o gasto tributario alcanzó RD$15,360 millones (0.29 % del PIB).
Agrega que mientras el 20 % más pobre de la población recibió RD$1,588 millones, el 20 % más rico se “embolsilló” RD$5,746 millones, casi cuatro veces más que el 20 % más pobre. En lugar de proteger a pobres, clase media y ricos, -plantea Dauhajre-hubiese sido más sensato, cobrar los impuestos completos establecidos en la ley (RD$15,360 millones) y transferir RD$6,400 millones en efectivo al 60 % de la población de menores ingresos, lo cual abarcaría a los pobres y la mayor parte de la clase media en situación de fragilidad.
El profesor Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) plantea que “evidentemente cuando el Gobierno asume teóricamente cualquier tipo de subsidio está beneficiando a los más ricos, porque los más ricos, en ese sentido tienen más capacidad para aguantar incrementos en los precios”.
“Pero, el problema que tiene el Gobierno es que si hace transferencia de subsidio en efectivo, hay un costo de oportunidad, porque en ese momento el Gobierno no tiene los recursos en efectivo. Y se le hace más fácil asumir un pago diferido con los importadores hasta que tenga recursos, y luego entonces paga esa deuda que se va acumulando”, explica.
Desde la óptica del vicepresidente ejecutivo del CREES “lo que ha estado ocurriendo es que no se está reflejando el precio del mercado internacional y no se está enviando la señal de que está aumentando; elevándose”.
Partiendo de la experiencia y del conocimiento que tiene Miguel Collado del tema, los precios -en sí- siempre tienen información valiosa sobre la escasez, sobre las condiciones de producción y de demanda, en sentido general. “Y eso está siendo distorsionado en República Dominicana al aplicarse una especie de subsidio generalizado”. Los subsidios generalizados nunca son buenos… benefician a quienes pueden consumir más, aseguró el vicepresidente del CREES.
Cuando el especialista habla de que “al subsidiar se produce una distorsión”, se refiere concretamente a que los beneficiarios no moderan el consumo (que es lo que debería ocurrir cuando los costos se elevan), porque no están viendo expresada la real situación que existe y que se está reflejando en precios más altos.
Según Miguel Collado, si el Gobierno asume el congelamiento de los combustibles con endeudamiento, este endeudamiento es un impuesto diferido, que debe ser pagado en el futuro. “Y ahí no hay distinción de quién lo pagará”.
“Primero, no necesariamente son los consumidores de ahora, pero lo pagarán personas de todos los ingresos. Entonces, los primeros ingresos del futuro los estamos penalizando ahora. Es una distorsión grande; no es aconsejable desde el punto de vista económico este tipo de práctica. Lo correcto sería, desde nuestro punto de vista una revisión de la fórmula de determinación del precio de los combustibles, desde el mismo precio de paridad de importación, pasando por los mismos impuestos, que son el componente más importante y los márgenes de distribución, comercialización y transporte”, apuntó.
Sostuvo que si se quisiera (no se está en esa tesitura) la alternativa podría ser una especie de subsidio focalizado, aunque es un poco difícil de administrar, porque los subsidios generalizados no son la mejor opción. Collado Di Franco aclara, para evitar que se le señale por ello y para evitar confusiones, que él no está recomendando focalización del subsidio.
La visión de catedrático “uasdiano”; tema de pago
El profesor Antonio Ciriaco Cruz sugiere que debe analizarse la situación con detenimiento, porque cuando el Gobierno asume cualquier tipo de incremento en los combustibles, en el fondo está asumiendo un subsidio, pero eso no significa que el Gobierno está transfiriendo los recursos de manera inmediata a los que están en el mercado (en este caso, a los importadores), sino que asume una deuda y asume un pago diferido, que es muy diferente.
“Podría pensarse que el Gobierno inmediatamente les transfiere los recursos a los importadores de combustibles, y no es así. Y en el caso de si hiciera una transferencia de recursos a los pobres, como una transferencia en efectivo, claramente el Gobierno en ese momento no tendría los recursos, porque lo que hace el Gobierno es que sencillamente difiere ese pago y lo tiene como una deuda y no lo paga de manera inmediata. Si asumiera ese subsidio como una transferencia en efectivo, tendría entonces que transferir de forma inmediata y eso es lo que el Gobierno no tiene”, apuntó.
El catedrático universitario asegura que por eso es que al Gobierno se le hace más fácil sencillamente asumir el subsidio a los importadores y no lo hace precisamente con transferencias de efectivo a los más pobres.
“De manera que no es tan fácil hacer ese ejercicio”, advierte Ciriaco Cruz, en referencia a la posibilidad de que a los pobres se les transfiera en efectivo, toda vez que el Gobierno decida “congelar el precio de los combustibles”, asumiendo la carga del pago con los importadores. “Teóricamente podría pensarse que al Gobierno le es más fácil asumir esos subsidios como una transferencia directa a los más pobres, pero es que no tiene el dinero. Y se le hace más fácil asumir el subsidio a los importadores porque no les realiza el pago inmediato, sino que lo asume como una deuda futura y la paga en el momento que el Gobierno tiene los recursos”, insistió.
“La semana pasada, el Gobierno anunció que absorberá nuevamente el costo del aumento en los precios de los combustibles que debía realizarse, decisión que costará RD$600 millones. A este ritmo, el Gobierno estaría incurriendo en un sacrificio fiscal o gasto tributario superior a RD$30,000 millones en el 2022”, sostuvo el economista Andrés Dauhajre Hijo, en su artículo.
MARTIN POLANCO
