POR CRISTHIAN JIMENEZ.- ¿Se extinguió el dominio? Absolutamente, no. Quizás se redujo o se disimula en las formas. Antes lo resolvía un encargado de estación, ahora hay elogiosos mensajes vicepresidenciales.
Estados Unidos mantiene su dominio en la zona y cuando algunos presidentes toman iniciativas para estructurar sus propios bloques (bloquecitos), la administración envía el mensaje en el que dice “está ansiosa por asociarse” para profundizar cooperación y alcanzar objetivos compartidos.
La reconfiguración geopolítica y cambios en la correlación de fuerzas obligan a cambios, aunque sea en la manera de actuar de los que antes se limitaban a dar órdenes en la distancia.
Los gobiernos norteamericanos han impuesto en los últimos tiempos legislaciones sobre procesos de transparencia para reducir la corrupción y la impunidad, algunos de correcto diseño universal, pero que todavía tropiezan entre arraigados comportamientos culturales y viejas prácticas dolosas.
Todavía se dificulta el libre acceso a la información y se buscan todos los atajos para burlar las licitaciones para compras y contrataciones públicas.
La ley de lavado de activos, muy popular en las imputaciones en casos de corrupción, ha resultado insuficiente para perseguir el crimen en todas sus manifestaciones, incluido narcotráfico y testaferrato.
Estados Unidos impulsa afanosamente desde hace más de 10 años la ley de extinción de dominio, pero sin resultados positivos a la vista.
Enviados especiales y comisiones de alto nivel han pasado por el palacio presidencial y el Congreso Nacional de forma discreta, con ruido y transmisión para la televisión y con recursos económicos en las manos para asesoría y orientación, pero no han logrado persuadir a quienes aprueban las leyes.
El presidente Danilo Medina quien se afanó y logró “su congreso” y pasó una reforma constitucional en horas y casi logra un record con una segunda modificación sucesiva, no satisfizo el interés norteamericano.
Abinader, que desde que juró como presidente, privilegió las relaciones con los Estados Unidos (aunque hubo de dar un cariñito y abrirse un poco a los intereses chinos luego de la oportuna colaboración con las vacunas anti-covid) ha comprometido públicamente su apoyo a la referida legislación e incluso a finales de abril de 2021 encabezó la ceremonia de firma de acuerdos en la sede de gobierno con la embajada norteamericana representada por su encargado de negocios, Robert Thomas, que posibilitó un aporte de 6.6 millones de dólares para combate a la corrupción y a la seguridad ciudadana y reforma de la Policía Nacional. Se enfatizó el apoyo técnico a las cámaras legislativas para las reformas de leyes de extinción de dominio y de lavado de activos.
Pese a los compromisos y al liderazgo presidencial la ley de extinción de dominio da tumbos en el palacio congresual y a cada momento surgen escaramuzas teóricas y fuegos de artificios que distraen del interés y el compromiso principal de lograr un arma eficaz para el combate de la corrupción.
El senador Antonio Taveras, aliado del partido oficial, ha apelado a un mecanismo de recolección de un millón de firmas para presionar al Congreso, mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que el legislador tiene una actitud contra los diputados y le acusó de poner en peligro las relaciones entra ambas cámaras.
El presidente de la comisión bicameral que estudia el proyecto, Pedro Catrain, horas después de acusar a los empresarios de rechazar la ley porque alegadamente implicaría persecución del fraude fiscal, anunció que los legisladores irán a un hotel de playa “por el bien del país”, para lograr un consenso.
Hay políticos y “hombres de negocios” que temen más a esa ley, que al retiro del visado norteamericano, que es mucho decir…
