POR DANILO CRUZ PICHARDO.- El presidente de la República, Luis Abinader, tiene el mérito de ser el único jefe de Estado que ha mostrado voluntad de sanción a la corrupción administrativa y a la impunidad, al designar al frente del Ministerio Público a profesionales del derecho que han sabido apresar a personajes que en el pasado fueron intocables, como son militares, funcionarios y empresarios.
Abinader tiene el mérito, además, de presidir un Gobierno que, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ha combatido más el narcotráfico, en operaciones combinadas, en algunos casos, con la DEA y el Ministerio Público. Nunca antes, en nuestro país, se había visto tan buenos niveles de eficiencia contra el narcotráfico.
Siempre se tuvo la sospecha de la infiltración de narcotráfico en determinados poderes públicos, pero es ahora que se confirma, con la colaboración de las autoridades judiciales dominicanas y de la DEA, que en el Congreso Nacional hay legisladores dedicados a esa actividad criminal. Sobre ese particular el presidente de la República tampoco ha tenido contemplaciones al momento de condenar a los involucrados en ese delito.
CONTRADICCION
Lo que resulta contradictorio es que el presidente Abinader haya designado en su Gobierno a funcionarios vinculados al narcotráfico, como es el caso del director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, uno de los cabecillas de la banda desarticulada por la Operación Falcón, mediante la cual fueron apresadas unas 24 personas acusadas de traficar drogas narcóticas durante años y se les ha incautado múltiples inmuebles, negocios y dinero en efectivo.
En la Operación Falcón hay por lo menos tres diputados envueltos y se dice, sin confirmar al momento, que también hay senadores. Entre los diputados están Héctor Darío Féliz Féliz, Nelson Rafael Marmolejos Gil y Faustina Guerrero Cabrera, el primero del PRD y los dos últimos del PRM. Faustina Guerrero, diputada del PRM por el Seibo, es la esposa de Juan Maldonado Castro, dama a la que se le acusa de pertenecer a una red internacional de tráfico de cocaína.
Rosa Amalia Pilarte López, diputada del PRM por La Vega, también es acusada de narcotráfico y lavado de activos por el Ministerio Público, esposa del narcotraficante Miguel Arturo López Florentino (Miky).
El 18 de mayo del presente año los diarios dominicanos se hicieron eco del apresamiento en Estados Unidos de Miguel Gutiérrez Díaz, diputado del PRM por Santiago, acusado de narcotráfico. Se recuerda, de igual manera, que Yamil Abreu Navarro, alcalde electo por la Laguna, Azua, fue apresado y posteriormente extraditado a Estados Unidos bajo la acusación de narcotráfico.
El grueso de los funcionarios electos, involucrados en tráfico de drogas, pertenece al Partido Revolucionario Moderno y la mayoría ingresó a esa organización política entre el año 2019 y 2020, lo que resulta extraño que de inmediato se les permita ser candidatos a puestos electivos.
Luis Abinader es el principal líder político del PRM desde año 2015, cuando le ganó las primarias por la candidatura presidencial a Hipólito Mejía, en una proporción de 80 a 20. En una proporción similar volvió a ganarle a expresidente Mejía el 6 de octubre del 2019. El fuerte liderazgo de Abinader, en los últimos años, le permitió imponer a José Ignacio Paliza, en abril del 2018, como presidente del PRM.
Se supone, pues, que el presidente de un partido político y también su principal líder, en este caso Luis Abinader, son los responsables de todas las candidaturas a puestos municipales y legislativos.
Resulta sorprendente que una inmensa cantidad de personas que ingresó al PRM entre el 2018 y el 2020 haya sido candidata a puestos electivos en desmedro de dirigentes de 20, 30 y 40 años de carrera política, originalmente en el PRD y posteriormente en el PRM. El balance de nuestro escenario indica que ningún político de carrera es simultáneamente narcotraficante. Son los narcotraficantes los que incursionan en la actividad política.
Hay quienes aseguran que a muchas de esas personas se les concedió candidaturas por su poder económico, discriminando a otros que exhibían lealtad partidaria y cualidades intelectuales y éticas.
La sociedad dominicana está alarmada por la gran cantidad de riferos y narcotraficantes que hay en el Congreso Nacional. Y hasta el momento el balance más negativo lo tiene el PRM, por lo que las autoridades de esa entidad política hicieron la peor selección, sin ofrecer una explicación a la sociedad dominicana ni a la militancia de su propio partido.
El liderazgo del PRM tiene su cuota de responsabilidad, en consecuencia, de la baja en la calidad de nuestro Poder Legislativo, que no ha sido capaz de aprobar un Código Penal que responda a la necesidad judicial de la sociedad de hoy. También se observa inconveniente para la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio, porque sería evidentemente “cuchillo para la garganta” de muchos legisladores dedicados a actividades ilícitas.
Esa baja en la calidad de nuestro Poder Legislativo motiva a muchos analistas y a juristas a pedir una modificación de las leyes 15-19 y 33-18, las cuales regulan todo lo relativo a materia electoral. Pero también hay quienes sostienen que nuestro país no está preparado para el voto preferencial, causante principal de la compra de votos y otros delitos electorales en los cuales se impone el dinero, caldo de cultivo para personas del bajo mundo que procuran poder político e inmunidad parlamentaria.
El desenlace de la Operación Falcón desnuda la debilidad y falta de depuración de los candidatos a puestos legislativos de los distintos partidos, saliendo como el peor parado el PRM. Esa situación motiva a que algunos analistas sugieran que los candidatos vuelvan a ser los dirigentes principales de las cúpulas partidarias, hasta tanto haya una normativa jurídica electoral que garantice “condiciones morales” en nuestros diputados y senadores.
Mientras tanto Luis Abinader y José Ignacio Paliza, como autoridades principales del Gobierno, se atribuyen éxito de la lucha contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico. Es un éxito que no se le puede regatear al presente Gobierno, pero también esas dos personas, como autoridades del PRM, son las responsables principales de componer una boleta legislativa constituida por muchos riferos y narcotraficantes. Se estima, en sentido general, que los legisladores serios apenas alcanzan el 20 por ciento.
