POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Las mujeres del matrimonio Abinader-Arbaje mantienen firme su postura de apoyo a las tres causales. El hombre de la familia, una vez investido Presidente, ha asumido matices que hacen presumir que el ser político podría imponerse al ciudadano de la monolítica familia presidencial.
En los últimos años, el mandatario, aunque dice mantenerse invariable, ha insistido en el respeto a las creencias de los congresistas y planteado la necesidad de conversaciones para arribar a un consenso y hasta de la posibilidad de un referéndum sobre el controversial tema. En 2021, Abinader designó una delegación de abogados para que acudiera a una comisión especial del Congreso Nacional a ofrecer “algunas sugerencias”.
Las posturas se han radicalizado con el tiempo ante la imperiosa necesidad de la actualización del vetusto Código Penal, pero la voluntad política, en un régimen extremadamente presidencialista duda entre los derechos de la mujer y el peso social de las iglesias. Claro, sensitivos temas se cuelan en los entresijos del ruido de la confrontación social, como la inimputabilidad penal de las iglesias y los partidos y una jurisdicción militar especial.
En 2006, Leonel Fernández observó la aprobación congresual alegando incongruencia con el Código Procesal Penal y en desacuerdo con artículos que comprometían la responsabilidad penal de los médicos. La decisión desactivó una huelga médica convocada por el CMD. Actualmente el líder de la Fuerza del Pueblo urge la aprobación del Código Penal y evita definir una postura sobre debate, con el alegato de que la decisión definitiva será del Tribunal Constitucional.
Danilo Medina que pasó una reforma constitucional en horas y que se aprestaba a una segunda, para su permanencia en el gobierno (impedida por el poder imperial), rechazó en 2016, mediante observación presidencial la posición de sus legisladores que dejaron fuera las tres causales al aprobar el Código Penal.
Desde esa fecha, la discusión sube y baja de tono, según se muevan las aguas congresuales. Sectores sociales y las iglesias han presionado mediáticamente y en paradas frente al edificio del Congreso Nacional, mientras que los actores del sistema de administración de justicia han insistido y demostrado la urgencia de la inclusión de nuevos tipos penales para ser más eficiente la persecución criminal.
Abinader, enfático en la oposición con el derecho a la interrupción del embarazo en los casos de violación o incesto, mal formación congénita incompatible con la vida y riesgo de la vida de la madre pondera los intereses de los sectores en pugna, al igual que sus antecesores.
Ante la inminencia de la aprobación del Código Penal, en esta etapa de extremo laborantismo legislativo, Abinader recibe reproches de sectores femeninos, que le recuerdan su compromiso y hasta en su hogar se encuentra con las tres causales.
Raquel Arbaje, primera dama, y sus hijas Gabriela, Adriana y Esther firmaron una carta abierta, junto a más de mil personas, en la que exigen un Código Penal en el que se proteja efectivamente la vida, la dignidad y la justicia, especialmente para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad. Censuran la tipificación limitada del feminicidio, la prescripción de los delitos sexuales y los “graves retrocesos” en derechos humanos.
Abinader, que extendió la legislatura mediante decreto para apurar la aprobación del Código Penal y otras iniciativas podría mantenerse fiel a la postura personal, como “respetó” las posiciones de los legisladores, o hacer malabares justificatorios en un discurso al país. “El deber como líder de la Nación se impone a principios personales”, podríamos oir.
Si ese es el camino, no es fácil lo que le espera en el hogar a la hora del almuerzo… Y al PRM en el 28.
