El mayor general habría manejado ilícitamente tres mil millones de pesos y lo ocultaba a través de la líder religiosa.
El exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia, Adán Cáceres Silvestre, y la pastora Rossy Guzmán Sánchez tenían una vida de lujo, grandes bienes y un gran patrimonio que no pueden justificar, estableció el Ministerio Público en sus investigaciones.
El mayor general del Ejército y la líder religiosa se habrían asociado para ocultar los bienes e inmuebles que supuestamente el militar posee de manera ilícita, los cuales, alegadamente, adquirió durante los ochos años que estuvo al frente del cuerpo especializado en los dos gobiernos del expresidente Danilo Medina y que no podría sustentar con el sueldo que devengaba.
De acuerdo al órgano acusador, Cáceres Silvestre, durante este tiempo, manejó de forma injustificada, tres mil millones de pesos y sus bienes eran administrados por la pastora Rossy, quien junto a su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán (pastor juvenil), y también el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez, les servían de testaferros, en violación a la Ley de Lavado de Activos.
Además, aseguró que el mayor general falseó sus declaraciones juradas de bienes presentadas, configurándose varios de los tipos penales de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y el decreto no. 92-16 de la aplicación de la misma ley.
La investigación en contra de los cinco imputados, apresados el pasado sábado durante la Operación Coral, inició hace meses cuando la pastora reflejó un aumento “exorbitante e injustificado en su patrimonio”.
Las indagatorias que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), revelaron que Rossy usaba varias razones sociales para ocultar los bienes de Cáceres Silvestre y así estos no figuraban a nombre del militar. Entre las compañías están: Único Real State e Inversiones, Shalom Tierra de Paz, Asociación Campesina Madre Tierra, Inverosa S.A, Shalom
Los fiscales anticorrupción establecieron que entre los bienes e inmuebles identificados como propiedad de Cáceres Silvestre, pero administrados por Rossy a través de las empresas Único Real State e Inversiones SR., donde esta y su hijo Tanner son los únicos accionistas, se encuentran un proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación común, ubicadas en Colinas del Oeste, cuyo costo, solo del solar, asciende a 160 millones de pesos, mientras que la construcción de las casas posee un valor aproximado de un millón de dólares norteamericanos.
Esta compañía, indican los investigadores, es la empresa principal de Rossy, donde es poseedora de más de 100 millones de pesos en propiedades inmobiliarias, además de administrar una cartera de más de 15 millones de pesos en préstamos informales. Estos datos fueron dados a conocer durante los interrogatorios practicados a la líder religiosa.
DGII investigaba las transferencias
Las acciones de Rossy con esta compañía estaban siendo vigiladas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que el 22 de enero de este año, emitió un informe, a través de su Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios, en donde, dice la Pepca, se evidencia la trasferencia de tres propiedades localizadas en Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, de parte del Único Real State e Inversiones, todas fechadas un mes antes y que fueron realizadas posterior al inicio de esta investigación.
Precisan, además, que a través de la Asociación Campesina Madre Tierra, la cual también es dirigida por Rossy, el mayor general posee granjas avícolas y de producciones porcinas millonarias en la provincia Monte Plata, las cuales no puede justificar con los ingresos percibidos por su función como militar.
Pero la cosa no queda allí, las pesquisas, igualmente revelaron que la pastora no reportaba los ingresos percibidos de parte de los feligreses y de donaciones con la ONG Shalom Tierra de Paz, pero la misma ha sido muy activa en actividades “de índole social y caritativas”.
“La misma es un lugar perfecto para guardar documentaciones de toda índole”, afirmó la Pepca.
Al general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy, Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El grupo tiene tres días detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de que se le conozca medida de coerción, cuya audiencia fue fijada para mañana a las 11:00 a. m. El Ministerio Público pide que a los imputados que se les imponga prisión preventiva por considerar que es la medida idónea para salvaguardar el desarrollo de la investigación.
Fiscales no descartan que haya otros involucrados
Ayer, la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, dijo que no descartan que haya otras personas implicadas y que continúan con las investigaciones. Sobre los bienes millonarios incautados durante los 27 allanamientos realizados durante el fin de semana en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país, Ortiz indicó que hay inmuebles en Colinas del Oeste, villas y otras de propiedades en varios lugares de la geografía nacional. Sin embargo, dijo que la estimación económica está todavía en proceso, a fin de determinar los montos con que ha sido defraudado el Estado. “Por eso en estos momentos no podemos dar detalles, lo que sí tenemos es cuánto bienes e inmuebles que se han adquirido con el fruto del erario público, de los impuestos que todos los dominicanos pagamos que deberían de estar dedicados a obras de bien común”, dijo.
