SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el miércoles 23 de septiembre el conocimiento de la medida de coerción contra los 25 imputados en la nueva fase de la investigación por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa 2.0).
La audiencia estaba prevista para este lunes, luego de que el Ministerio Público depositara el sábado, a las 11:55 de la noche, una solicitud de prisión preventiva contra los encartados y pidiera que el proceso sea declarado complejo.
A la salida del tribunal Mirna Ortiz, la Procuradora Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que los abogados de la defensa solicitaron más tiempo para conocer las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de sus representantes.
El expediente consta de 525 páginas y atribuye a los imputados la ejecución de distintas maniobras para obtener pagos de Senasa por servicios médicos que, según la acusación, no habrían sido solicitados ni recibidos por los afiliados.
Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reclamó que la investigación del caso Senasa 2.0 alcance a quienes las pruebas identifiquen como organizadores, facilitadores y principales beneficiarios de las presuntas irregularidades.
“El pueblo quiere los pejes gordos. Hay que seguir la ruta del dinero y esclarecer quiénes decidieron, autorizaron y se beneficiaron”, expresó Ulloa.
Recordó que el artículo 69 de la Constitución consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso, con garantías como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la intervención de una jurisdicción competente, independiente e imparcial.
Afirmó que estos derechos deben respetarse desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso. “La Constitución obliga al Estado precisamente cuando ejerce su poder de investigar, detener y juzgar. Cada persona debe responder por hechos que puedan atribuírsele mediante pruebas obtenidas legalmente, con oportunidad de defenderse y controvertirlas. La firmeza de la justicia se sostiene en el respeto a esas garantías”, manifestó el defensor del Pueblo en un comunicado.
