SANTO DOMINGO.- El senador por La Altagracia, Rafael Duluc (Cholitín), anunció que retiró del Congreso el proyecto de ley sobre el discurso de odio, luego de escuchar a diversos sectores de la sociedad.
La propuesta del legislador depositada el pasado 2 de mayo recibió fuertes críticas de diferentes grupos del país.
“Este proyecto nació de una preocupación legítima: el aumento del odio disfrazado de libertad de expresión, la violencia verbal, el daño que causan los ataques anónimos en redes sociales. Nuestro propósito siempre fue proteger la dignidad humana y promover el respeto entre dominicanos”, dijo el senador este lunes.
El documento elaborado por el senador coloca de definición al “discurso de odio” toda expresión oral, escrita, gráfica, audiovisual o digital que incite al odio, “hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o grupo por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, condición migratoria, lengua, condición socioeconómica o cualquier otra condición de identidad o pertenencia”.
Señaló que el retiro se debe también a que cuando un proyecto no encuentra consenso amplio y genera divisiones, “lo sensato y lo correcto es hacer una pausa. Como representante del pueblo, tengo la obligación de escuchar, reflexionar y rectificar si es necesario”.
Reiteró que ha actuado por conveniencia, sino por convicción. Invitó a los juristas, académicos, periodistas, estudiantes, y a toda la sociedad civil a seguir reflexionando sobre “cómo construir un marco legal que defienda tanto la libertad como la dignidad”.
“Seguiremos trabajando por un país más justo, más libre y más respetuoso”, concluyó Cholitín.
CUáles castigos contemplaba el proyecto
El proyecto de discurso de odio contemplaba prisión de uno a tres años y una multa de 10 a 50 salarios mínimos del sector público.
Mientras que para los que “nieguen, minimicen o justifiquen públicamente” crímenes de odio, genocidios o de lesa humanidad reconocidos por tribunales serían penalizados con cárcel de seis meses a dos años, junto a una multa de hasta 30 salarios mínimos.
También establecía que cuando el discurso de odio se difunda por redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos o servicios de mensajería, además de las penas previstas, el juez podría imponer la prohibición de uso de dichas plataformas por hasta tres años.
Las penas recibirían en los tribunales agravantes en los casos en que el hecho sea cometido por un funcionario público, docente, líder religioso o autoridad comunitaria. Además, cuando este ocurra en centros educativos, sanitarios, religiosos o penitenciarios y el discurso incite a cometer actos de violencia física o material contra personas o bienes.
