POR CRISTHIAN JIMENEZ.- El vergonzoso liderazgo mundial en muertes por accidentes de tránsito y sus consecuencias en el pasivo laboral, gastos presupuestarios hospitalarios, inseguridad, afectación de la imagen turística son olvidados cuando se intenta regular uno de los factores que inciden en el problema. Y la politiquería, por esta campaña electoral extemporánea, chatarriza el debate.
Con índice de 67 mil muertes anuales por cada cien mil habitantes, en 2021, RD logró el deshonroso primer lugar, seguido por naciones africanas. Primera causa de muertes accidentales y violentas, según la ONE (42 por ciento de un total de 4 mil 391).
A diario nos quejamos, con sobradas razones, por la circulación de vehículos de todas las categorías sin luces, neumáticos lisos, con evidentes problemas mecánicos, sin limpiavidrios, hasta sin cristales, en fin, reales desechos metálicos en movimiento para riesgo de todos.
Entre 2021 y 2022, según reporte de la Comisión Militar y Policial (Comipol), la mayoría de las 1,608,759 asistencias viales se produjeron por problemas mecánicos y de neumáticos en mal estado.
Sin embargo, ahora cuando se intenta poner en vigencia artículos de la ley de tránsito de 2017 que corregirían estos problemas brotan todo tipo de reparos.
Es prudente, vistas experiencias pasadas, reclamar mecanismos trasparentes y precios razonables para la inspección de los vehículos, pero no se debe llegar al tremendismo que pretende levantar sectores que frustren la regulación, que es la aplicación de la ley.
La llamada “revista”, supuesta revisión anual a cargo del Estado, solo sirvió como recaudación fiscal y para el enriquecimiento de algunos sujetos, llegándose a la burla de vender la etiqueta que certificaba la revisión en cualquier esquina de la ciudad.
La principal defensa debe ser de la vida de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que utilizan transporte público sin un mínimo de seguridad y calidad. Transportistas que cobran por un servicio sin importarles la suerte de sus clientes.
La Inspección Técnica Vehicular (ITV) figura en el artículo 166 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de RD y se realizará bajo el esquema de alianza público privada. El Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas es responsable de la licitación.
La tarifa promedio para la revisión es de 1,843 pesos para vehículos fabricados hasta el 2017, mientras los autobuses pagarían 3 mil pesos y los camiones de acuerdo a la categoría entre 2mil 500 y 3,300 pesos. Las motocicletas, verdadero dolor de cabeza nacional, solo 600 pesos.
A propósito de algunas quejas, es saludable consignar que en el caso de los camiones y autobuses, fuentes de jugosos negocios, serían entre 5 y 6 pesos diarios (una menta “de guardia”); de los carros, la mitad del dulce y en el caso de las motocicletas, una “ñingá”.
Hablamos de vidas humanas y del cumplimiento de la ley, en un contexto en el que todos estamos en riesgo a cada minuto en calles, avenidas y carreteras. Amén, de la falta de educación y de la proverbial imprudencia de muchos irresponsables.
Y lo grave es que la insensatez encuentra abogados que relativizan el valor de la vida, en una falsa defensa de los intereses de ciudadanos impactados por la inflación.
Algunos buscan llamar la atención y otros construir imagen de defensores con fines electorales.
Lo más grave es que este gobierno siempre anda “espantado” con relación a temas que le puedan provocar ruidos, aunque sean causas justas o de ley, de profundo calado institucional, y recula. Y sus adversarios electorales lo saben y actúan en consecuencia.
No dude, que este anuncio, que ha sido un reclamo de años y que es inversión en prevención, sea echado a un lado.
