El Consejo de la Magistratura estableció una nueva sesión para el 8 de septiembre; abre convocatoria para vacantes
SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no ha concretado una decisión respecto a si mantiene o no a los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que se sometieron a evaluación tras cumplir el período por el cual fueron elegidos en 2019.
Durante la sesión celebrada ayer, se acordó volver a reunirse el próximo 8 de septiembre para continuar el proceso de evaluación de desempeño de siete jueces
Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.
De acuerdo a lo informado por el órgano, la decisión procura conceder un período razonable a los integrantes del Consejo para estudiar los informes correspondientes a los siete años de desempeño de los magistrados evaluados, así como revisar el contenido de las entrevistas realizadas el pasado martes 25 de agosto.
De igual modo, el Consejo decidió mantener el cronograma aprobado para el proceso de selección, cuyo inicio está previsto para el próximo lunes 31 de agosto. Este proceso estará destinado a cubrir las cuatro vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia, así como las que “eventualmente pudieran generarse” como resultado de la evaluación en curso.
Asegura que el proceso permitirá considerar postulantes provenientes de la carrera judicial, del ejercicio profesional del derecho y del ámbito académico, conforme a las disposiciones constitucionales y reglamentarias aplicables.
El CNM precisó que el proceso de evaluación de los actuales jueces concluirá antes de que finalice el proceso de selección para cubrir las vacantes.
Lo analizado en la evaluación
Durante las entrevistas de evaluación los magistrados no solo ofrecieron informes de su formación y desempeño en la alta corte, también describieron los retos y acciones que dificultan una justicia más pronta y cercana a los usuarios. Ofrecieron una radiografía, desde dentro del máximo tribunal, de varios de los desafíos pendientes de la justicia dominicana.
La duración de los procesos y la mora judicial aparecieron entre los principales desafíos señalados durante las evaluaciones, se refirieron a las reformas que abarcan desde la gestión de expedientes hasta la jurisdicción inmobiliario; los llamados juicios paralelos en los medios y su impacto sobre la presunción de inocencia, se propuso reducir la judicialización del deslinde y revisar la Ley del Registro Inmobiliario.
Samuel Arias Arzeno, miembro de la Primera Sala destacó la importancia medir cuánto duran los procesos y el costo que tiene para así identificar las causas de los retrasos y mejorar la administración de justicia.
Fran Soto Sánchez, juez de la Segunda Sala penal de la Suprema, identificó como uno de los grandes desafíos los casos que permanecen durante períodos prolongados en los tribuales y reiteró que no todos los casos penales deberían ir a juicio. Por lo que apostó por que se continúe impulsando los medios alternativos de resolución y los acuerdos, los cuales ahora, con el nuevo Código Procesal Penal, se pueden celebrar en cualquier etapa del proceso.
Justiniano Montero, presidente de la Primera Sala, abordó asuntos relacionados con la administración judicial, la ética, la independencia de los magistrados, destacando la necesidad de establecer un equilibrio entre la automatización de los procesos y la atención humana.
En paralelo, la magistrada Vanessa Acosta Peralta, vicepresidenta de la Primera Sala, resaltó los avances en la erradicación del retraso procesal en materia civil y defendió el liderazgo femenino en las altas cortes.
Anselmo Alejandro Bello Ferreras, juez de la Tercera Sala, defendió la conveniencia de sacar determinados procesos de deslinde de los tribunales y modificar la ley sobre Registro Inmobiliario, en busca de procedimientos más ágiles y una menor judicialización de trámites que no necesariamente presentan conflictos entre las partes.
Rafael Vásquez Goico, presidente de la Tercera Sala, defendió enfáticamente la ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa al considerarla muy beneficiosa para la República Dominicana.
El Consejo de la Magistratura es presidido por el presidente de la República, Luis Abinader, e integrado por Nancy Salcedo, secretaria del consejo y jueza de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte, Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, Omar Fernández y Tobías Crespo, senador y diputado por el partido Fuerza del Pueblo, respectivamente.
Henry Molina, Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia, quienes también cumplieron el tiempo reglamentario por el que fueron electos en la alta corte, declinaron de ser evaluados para continuar en la función.
Lo que dice el reglamento
Conforme al artículo 4, párrafo I, del reglamento de evaluación, el Consejo Nacional de la Magistratura celebrará cuantas reuniones sean necesarias, a partir del vencimiento del plazo para contestar las objeciones, con miras a agotar el proceso de evaluación de los jueces sometidos a este ejercicio. Según establece el párrafo II del citado artículo 4, en su evaluación el Consejo Nacional de la Magistratura ponderará los documentos presentados, las informaciones recibidas y la entrevista realizada a cada juez, además de sus cualidades personales y calidades profesionales, conforme a los criterios establecidos en el reglamento, a fin de decidir sobre la confirmación de los jueces sometidos al proceso de evaluación de desempeño. Conforme al artículo 4 del reglamento, los informes de desempeño de los jueces sujetos a evaluación se encuentran disponibles en el portal electrónico del Consejo Nacional de la Magistratura.
HOGLA ENECIA PEREZ-EL CARIBE.COM.DO
