Comerciantes denuncian competencia desleal en RD y piden también sustituir la cesantía laboral

SANTO DOMINGO.- En un acto en el que participó el presidente Luis Abinader, la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) aprovechó la celebración de su 51 aniversario para manifestar su preocupación sobre algunas situaciones que a su juicio están afectando el funcionamiento de las empresas en República Dominicana.
Luego de estar sentado en la mesa principal, justo al lado del mandatario Abinader, el presidente del conjunto económico, Iván García, se colocó en el podio, donde utilizó su discurso para advertir sobre el impacto negativo de diversos aspectos.
Citó “la competencia desleal” registrada en el comercio nacional y la sustitución de la cesantía laboral por otro mecanismo más sostenible para los empresarios. Así como el requerimiento de evaluar de “inmediato” los marcos legales del Código de Trabajo y la Seguridad Social.
Aunque valoró de manera positiva su manera de escuchar a la ciudadanía, García considera necesario que el presidente Abinader atienda “la tarea pendiente” de incrementar a un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) el apartado de las inversiones en obras públicas dentro del Presupuesto General del Estado.
“Es la tarea pendiente que tenemos para el 2026. Si queremos construcciones de obras debemos tener el dinero disponible para realizarlas”, dijo durante el acto realizado en un hotel en el Distrito Nacional.
Competencia desleal
También, el representante de los comerciantes expuso varias preguntas con las cuales cuestionó la eficiencia de las autoridades para garantizar una correcta fiscalización de todos los sectores económicos.
«¿Cómo es posible que la Dirección General de Impuestos Internos no fiscalice el cumplimiento de los deberes formales de las plazas comerciales chinas en todo el país? Será que somos los únicos que conocemos que esos comercios, el 90%, no emiten facturas con comprobantes, no cobran con tarjetas de crédito y débito, todas sus operaciones son en efectivo”, dijo.
Indicó que los integrantes de la FDC aseguran que los comerciantes chinos “ya los tienen en el extremo”, instalando tiendas de “hasta cinco mil metros cuadrados”, utilizando el beneficio de operar sin contribuir económicamente al sistema tributario dominicano.
“No emiten facturas con comprobante fiscal, no reciben tarjetas de crédito, empleados extranjeros, no pagan Seguridad Social, no tienen registro en el Ministerio de Trabajo…”, afirmó García.
Además, cuestionó cómo se puede competir de manera igualitaria mientras continúan surgiendo compañías “con dinero del lavado de activos porque no pagan impuestos y violan las leyes del país”.
“Queremos un país con condiciones laborales que permitan vivir en armonía familiar, un país de oportunidades de trabajo para todos, que impida que los dominicanos emigren en busca de mejores condiciones de vida”, expresó.
Llamado al Congreso Nacional
Los órganos del Poder Legislativo desarrollan desde octubre del pasado año el estudio y discusión de un proyecto de ley que busca “reformar” el Código de Trabajo. Pero, García dijo que el colectivo comercial del cual es vocero no se siente conforme con las decisiones de los congresistas, afirmando que sus propuestas no han sido asumidas.
Mencionó de manera específica la cesantía, la cual entienden debe ser modificada para que su entrega al empleado sea realizada en un plazo de tres años, siendo “el 33% de los valores acumulados cada año”. Tras la entrada en vigor de un seguro de desempleo, este derecho adquirido por los sindicalistas quedaría eliminado.
“(La cesantía) impacta de manera directa las finanzas de las pequeñas empresas, además de constituirse en una retranca para su desarrollo porque el pasivo laboral en la mayoría de los casos impide que se prescinda de un mal trabajador”, puntualizó.
Asimismo, recomendó a los legisladores fortalecer en la ley 87-01 de Seguridad Social la protección del trabajo cuando sufran una incapacidad médica, “ya que los tres primeros días reciben subsidios”.
Mientras tanto, el Congreso Nacional aún no ha podido enviar al Poder Ejecutivo las modificaciones al conjunto de leyes que versan sobre la regulación del trabajo y la seguridad social del país.
ANGEL VALDEZ