En junio de 2008, cuando se abrió al público la carretera Santo Domingo-Samaná, el peaje más barato que un vehículo pagaba en las tres estaciones de cobro existentes era de RD$40 y el más caro RD$590. Hoy, el más económico es de RD$63 y el más caro es de RD$2,194, si se toma en cuenta la segunda etapa de la carretera, que llega hasta Las Terrenas, y tiene un cuarto peaje.
Además de costosa para el Estado, que ha pagado más de RD$26,835 millones por un subsidio anual llamado peaje sombra, que cubre el déficit de vehículos que no transitan por la carretera, también los conductores han tenido que pagar el incremento del precio de los peajes en los últimos 13 años.
Para enero entrante, el Gobierno reducirá las tarifas de los peajes en 20 % al anunciar el presidente Luis Abinader un acuerdo con la empresa concesionaria, Autopistas del Nordeste, para poner fin al contrato de concesión firmado en 2001 y que vence en 2038. Estas reducciones irían desde RD$12.6 hasta RD$438.8, si se incluye el peaje más caro del Boulevard Turístico del Atlántico, que es la segunda fase de la concesión, de 124 kilómetros.
De acuerdo con los términos del contrato, en los primeros 10 días de enero de cada año se podía revisar la tarifa de los peajes de la Autopista del Nordeste, tomando como fundamento el Índice de Precios al Consumidor, “salvo que antes de finalizar el año se haya producido un incremento que sobrepase el 5 % del indicado índice”.
“Durante la vigencia del contrato de concesión las tarifas de peaje deberán mantenerse en términos reales y las modificaciones de las mismas solamente podrán hacerse por mutuo acuerdo entre las partes”, precisa el contrato.
La autopista Juan Pablo II –nombre oficial de la vía a Samaná- se comenzó a construir en abril de 2002 durante el gobierno de Hipólito Mejía. Se abrió al público en junio de 2008, y el entonces presidente Leonel Fernández la inauguró oficialmente en diciembre de ese año. Tiene 106 kilómetros.
Por el Estado dominicano, en julio de 2001 firmó el contrato de concesión Miguel Vargas Maldonado, entonces secretario de Obras Públicas, y por el concesionario, Luis Fernando Jaramillo Correa, presidente del consejo de administración de Autopistas del Nordeste,
En marzo de 2002, Maldonado dijo a Diario Libre que, al ejecutar la obra, el país obtendría una ganancia de RD$1,880 millones.
“Desde el punto de vista de la Tasa Interna de Retorno, la inversión en esa carretera producirá dividendos anuales de un 21.7 por ciento”, dijo.
Pero los resultados no han sido tan halagüeños y el contrato ha sido cuestionado. De las objeciones más recientes, está la hecha por el abogado Emmanuel Esquea Guerrero, que en julio pasado –a raíz de un estudio que le solicitó el Gobierno- recomendó que el expediente del contrato se tramite al Ministerio Público y se procure la autorización de un juez para que el Estado ocupe y controle dicha vía, como se ha decidido.
Recomendó al Poder Ejecutivo acudir a la justicia “en razón de las múltiples violaciones constitucionales y legales” que supone el contrato, “sumadas al perjuicio sufrido por la población y el presupuesto nacional”. El presidente Abinader no anunció si se tomarán acciones legales de ese tipo.
Esquea le indicó al consultor jurídico Antoliano Peralta que el Estado ha estado pagando un peaje sombra o Ingreso Mínimo Garantizado “sin tener ninguna obligación jurídica” que lo justifique, pues, aunque el contrato menciona un anexo en el que se establecía ese pago, y en otro se ratificó, dichas obligaciones “no se formalizaron porque el Congreso no aprobó dichos anexos”.
Lo mismo observó para la contratación de la carretera Boulevard Turístico del Atlántico.
