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Corte fija para el 20 de enero apelación de Hazim y otros seis imputados en caso Senasa

SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el martes 20 de enero el conocimiento de los recursos de apelación presentados por Santiago Hazim y otras seis personas implicadas en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), contra la decisión que les impuso 18 meses de prisión preventiva.

El tribunal de alzada ordenó a la secretaria del tribunal notificar a las partes involucradas el auto de fijación de audiencia para ese día, a las 9:00 de la mañana.

La Corte fijó la audiencia luego de declarar admisibles los recursos presentados a través de los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito y Jaime Caonabo Terrero, entre otros, quienes alegaron inconformidad con la decisión.

Con la instancia, se procura que el tribunal revoque la decisión dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dispuso el envío de los imputados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y a la cárcel de Najayo Mujeres, además de declarar el caso complejo.

El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim, exdirector del Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Asimismo, la Corte fijó para esa misma fecha, el recurso apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes están bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.

El ministerio público sostiene que el entramado operó desde el 2020 hasta el 2025, defraudando hasta el momento con más de 15,000 millones de pesos al sistema público de riesgos de salud.

Los cargos que pesan sobre el grupo incluyen coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.

El ministerio público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.

Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se produzcan nuevos sometimientos vinculados a este desfalco millonario.

RAMON CRUZ BENZAN

Redacción

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