PUERTO PRINCIPE.- Haití se despertó el martes despojado de su última institución elegida democráticamente: su Senado, un hecho preocupante que solidifica lo que algunos llaman una dictadura de facto que sólo nominalmente está a cargo de un país que se ve asolado por la violencia de pandillas.
Sólo 10 senadores habían estado representando simbólicamente a los 11 millones de habitantes de la nación en los últimos años debido a que Haití no ha celebrado elecciones legislativas desde octubre de 2019, pero sus mandatos expiraron en la noche, dejando a Haití sin un solo legislador en su Cámara de Diputados o Senado en medio de una creciente crisis política.
Desde el asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse, que gobernaba por decreto, los grupos de delincuencia organizada actúan prácticamente sin control.
“Es una situación muy desalentadora”, afirmó Alex Dupuy, sociólogo de origen haitiano de la Wesleyan University, “una de las peores crisis que ha vivido Haití desde la dictadura de Duvalier”.
El sanguinario régimen de Jean-Claude Duvalier, que huyó del país en 1986, marcó la última vez que Haití careció de funcionarios electos.
El edificio del Parlamento, en el centro de Puerto Príncipe, permanecía desierto el martes, con la única presencia de guardias de seguridad en la puerta. Escenas similares eran evidentes en el exterior de las oficinas inactivas de la Corte Suprema y la comisión electoral de Haití.
Mientras tanto, el primer ministro Ariel Henry, que asumió el gobierno de Haití con el respaldo de la comunidad internacional tras el asesinato de Moïse, no ha celebrado elecciones generales a pesar de las múltiples promesas que ha hecho en el último año y medio. Su promesa más reciente, el 1 de enero, fue que se restablecería la Corte Suprema y se asignaría a un consejo electoral provisional la tarea de fijar una fecha razonable para las elecciones.
Pero Henry no ofreció ningún plazo, aunque pidió a los haitianos que “me crean cuando hablo de la voluntad de mi gobierno de hacer todo lo posible para reconstituir nuestras instituciones democráticas”.
Pero “no hay poderes que controlen sus decisiones”, señaló Dupuy. “Mientras continúe esa situación, Henry se comportará como un dictador”. Un portavoz de la oficina de Henry se negó a hacer comentarios.
La ONU ha advertido que la seguridad en Haití debe mejorar antes de que se celebren elecciones. El número de secuestros notificados se disparó a más de 1.200 el año pasado, el doble que el año anterior, según la ONU, y tan sólo en noviembre se reportaron al menos 280 asesinatos, el registro mensual más alto.
Al informar al Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre, Helen La Lime, quien fue nombrada enviada especial de la ONU para Haití en octubre de 2019, describió lo que calificó como “niveles alarmantemente altos de violencia de pandillas” en Haití, que tiene menos de 9.000 agentes de policía activos en todo el país.
Las pandillas dependen cada vez más de los secuestros para financiar sus operaciones, y los expertos estiman que controlan alrededor del 60% de Puerto Príncipe.
“Tenemos miedo de salir de casa”, afirmó Daniel Jean, de 25 años, que vende cargadores de teléfono y otros equipos en la capital. “Estamos acorralados: secuestros, extorsiones. Las pandillas están matando a la gente porque no conseguimos el rescate”.
Los haitianos han perdido toda confianza en el proceso democrático, dijo Jean, y añadió que no votará si en las papeletas aparecen los mismos políticos y partidos: “Tienen más influencia que las pandillas. Controlan todas las pandillas. Por eso el país no va a avanzar hasta que la comunidad internacional… venga a ayudar”, dijo.
Henry solicitó el despliegue de tropas extranjeras en octubre, después de que la pandilla más poderosa se hiciera con el control de una terminal de combustible y cortara el suministro a hospitales, escuelas, empresas y hogares.
Pero Estados Unidos y Canadá, entre otros, sólo han respondido aplicando sanciones, no enviando tropas.
“Haití necesita estabilidad”, denunció Andrea Marcele, de 29 años, que vende boniatos, limones, zanahorias y otros productos en las calles de la capital tras emigrar desde la región norteña de Grand-Anse.
“El país no tiene presidente ni funcionarios electos”, comentó. “Todo el mundo tiene hambre de poder. Estamos pagando las consecuencias”.
A medida que la situación empeora, los haitianos huyen en avión o a bordo de desvencijadas embarcaciones, arriesgando desesperadamente sus vidas para alcanzar cierta seguridad y protección económica. Muchos tienen como objetivo las Bahamas o Florida. El gobierno de Estados Unidos interceptó a decenas de miles el año pasado, devolviéndolos a Haití.
AP
