POR CRISTHIAN JIMENEZ.- “Desconchar” el arcaico, inseguro, ineficiente, contaminante, estresante, indigno sistema de transporte de pasajeros es antiquísima aspiración de los dominicanos.
Que falsos sindicalistas asuman su real rol de empresarios es un giro vital en la dirección de lograr calles más seguras y predecibles y precios razonables en el servicio.
El “Corredor Núñez de Cáceres” es un feliz inicio, aunque acechan inconformidades amenazantes, de alianzas público-privadas para introducir mejoras en el millonario negocio.
Destartalados vehículos, con mínima seguridad a los clientes, han sido sustituidos por confortables autobuses, conducidos por los propietarios de los viejos aparatos.
El pequeño sindicato que operaba la ruta se unió a uno mayor, de vinculación con inversionistas extranjeros y el gobierno asumió la regulación. La estatal Omsa, que participaba del corredor, refuerza otros de más largos trayectos.
“La alianza público-privada es el mecanismo por el cual agentes públicos y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo, como consecuencia de un proceso competitivo, para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público, distribución de riesgos entre ambas partes, y la remuneración está asociada al desempeño conforme a lo establecido en el contrato”, reza la Ley 47-20.
En el contrato se establecen las condiciones para la “provisión, diseño, construcción, financiación, prestación, gestión, operación, mantenimiento y administración total o parcial”.
En el CNC no hubo licitación, se explicó, para respetar derechos adquiridos por el gremio que operaba la ruta.
En América Latina hay interesantes experiencias de alianzas público-privada centradas fundamentalmente en construcción de infraestructuras, destacándose Colombia, México, Uruguay, entre otros. No han faltado críticas.
Promulgada en febrero, con reglamentos en septiembre del 2020, la ley creó un consejo nacional, que a pocos días de instalado el gobierno del presidente Luis Abinader decidió priorizar inversiones en 13 sectores, que incluyen transporte vial, aéreo y marítimo, agua, salud, educación, energía, agropecuaria, vivienda, turismo, movilidad urbana, telecomunicaciones, entre otros.
El transporte, que estrena la ley, siempre ha sido muy sensitivo por la incapacidad estatal y paulatino dominio, auspiciado por la politiquería, hasta el control total de grupos que iniciaron como sindicatos y federaciones, pero que mantienen esas denominaciones para oprimir e instrumentalizar choferes, victimismo y chantaje.
Onatrate es un frustratorio recuerdo de un hermoso esfuerzo estatal en el gobierno perredeísta de don Antonio y Omsa ha sido manejada con la discreción del sujeto temeroso, que evita “molestar” a un vecino violento.
El Metro, maravillosa e incomprendida iniciativa del gobierno de Leonel Fernández en su momento, vio anulada su parte complementaria de “rutas alimentadoras” por la acción de voraces grupos choferiles. El Teleférico de la administración Medina suplió de alguna manera, con la “extracción” de personas ubicadas en zonas de imposible circulación vehicular, acercándolas al tren.
Ahora el reto es la integración de los empresarios del transporte, ya sin el falso ropaje proletario, en los diseños de alianzas público-privada, aunque es evidente de que la resistencia persistirá.
Los empresarios privados, exsindicalistas, deben asumir los esquemas que plantea la legislación y manejarse como socios del Estado, con vigilancia mutua, todo en blanco y negro. Transparencia total.
El gobierno obligado a realizar los diseños y articulaciones con los instrumentos del servicio de transporte estatal de pasajeros para un integral servicio en beneficio de los ciudadanos de a pie.
Es imperativo abrir nuevas rutas del Metro (y más vagones) como figura en el diseño original y agregarles los sistemas de teleférico en zonas que se requieran.
Y adiós, don “concho”, adiós …
