POR NARCISO ISA CONDE.- En cuanto a la narcopolítica de alto nivel, la DEA de EE. UU. y la DNCD de RD investigan, persiguen, apresan y, de paso, condicionan al Ministerio Público con la anuencia de la embajada yanqui y el gobierno de turno.
La DEA extradita a los capos y las autoridades estadounidenses secuestran las “delaciones premiadas”, protegiendo a su antojo las conexiones con los jerarcas de los cuerpos militares, del gobierno y el gran empresariado.
Aparecen fotos que revelan vínculos y complicidades, salen informaciones de esas conexiones, denuncias y confesiones de significación, y nada acontece. Cero investigaciones y cero sanciones. En general, esas altas esferas estatales y privadas no se tocan hasta que el amo del norte eventualmente le dé el uso que le convenga, además de emplearlas como armas de chantaje y sumisión.
Ha pasado así en casos como el de Quirino, Figueroa Agosto, Nelson Solano, César Peralta (el Abusador), Miguel Gutiérrez, Toño Leña, entre otros; además de Arturo del Tiempo Márquez, que corresponde al Estado español. Evidencias de vínculos y tratativas electorales con las altas jerarquías del PRSC, PRD, PLD, PRM, FP…y con altos jefes militares y policiales. Pero no hay consecuencias.
Ese esquema de impunidad de las elites del poder ha operado también en las estafas de las mafias de los combustibles, alimentos y delitos ambientales, Odebrecht, FONPER, Sansouci, Súper Tucanos, Sun Land, Renove, Aerodom, Barrick, Falcondo, Barcaza de Pueblo Viejo… (debidamente denunciadas), y hasta en casos relevantes judicialmente abiertos, ocurridos en los gobiernos del PLD, que no llegan ni a Leonel, ni a Danilo, ni otros jorocones.
Respecto a este último capítulo de la alta corrupción, hacen ronchas las recientes informaciones sobre la estafa de casi 20 mil millones de pesos a cargo del Clan Calamar, que rezan así:
“El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Altagracia Ramírez, acogió el desistimiento de las querellas que había interpuesto la familia Mota contra el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el abogado Ángel Lockward, imputados en el caso Calamar.”
A base de influencias políticas logran el trato benigno de jueces y prisiones domiciliarias que les sirven para operar con más facilidades. Además, devuelven parte de lo robado y el resto lo congelan como fortuna personal y emplean pequeñas porciones de sus enormes fortunas para sobornar a los querellantes. En este caso a una familia empobrecida.
De esa manera siguen desinflando esos procesos contra las alianzas delictivas estatales-privadas. ¡Hasta que de nuevo amanezca el pueblo encabritado!
