EEUU denuncia que Poder Judicial desestimó casos de corrupción de alto nivel
Santo Domingo.- El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su Informe sobre Derechos Humanos en la región, correspondiente al 2019, que el Gobierno dominicano no ha implementado correctamente las leyes para aplicar penas criminales contra funcionarios públicos acusados de corrupción.
“El gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios”, explica el reporte anual publicado ayer.
Indica que a pesar de que leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente, el Gobierno “no respetó la independencia judicial y la imparcialidad”.
El informe señala que hubo enjuiciamientos selectivos y despidos de casos en medio de denuncias de soborno o presión política indebida.
“El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave”, manifiesta el estudio.
Detalla que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis de los 14 vinculados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Estado.
“Los seis acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un exsenador y un exministro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar a fondo el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país”, detalla el informe estadounidense.
De acuerdo con un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación además de los 92 millones dólares, Odebrecht distribuyó otros 39.5 millones de dólares en sobornos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina.
“Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta”, señala.
Monitoreó llamadas y correos electrónicos
Otro de los puntos tratados revela que el Gobierno dominicano monitoreó llamadas telefónicas no autorizadas, así como correos electrónicos para inferir en la vida privada de individuos y familias.
Entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen informes de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno; tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno, detención arbitraria, condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales, interferencia arbitraria con la privacidad, graves problemas con la independencia del poder judicial, difamación criminal para periodistas individuales, grave corrupción gubernamental y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
Amenazas a periodistas
Otro tema indica que periodistas dominicanos recibieron amenazas y ataques físicos por denunciar grupos criminales y casos de corrupción en los medios de comunicación.
Resalta las amenazas que en octubre de 2019 recibió un comentarista televisivo de Monte Plata tras criticar supuestas conexiones de los políticos locales con los narcotraficantes.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que los periodistas dominicanos sufrieron ataques violentos por parte de militares y policiales de los funcionarios del Gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil.
Otro de los casos es el despido de Marino Zapete de Teleradio América tras denunciar que la hermana del procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, Maybeth Rodríguez, habría recibido contratos gubernamentales sin licitación por valor de 750 millones de pesos dominicanos.
