Fiscales estadounidenses pidieron el viernes a un juez federal que el expresidente peruano Alejandro Toledo sea detenido en una prisión mientras el secretario de Estado aprueba su extradición a Perú.
El pedido ocurre días después de que ese magistrado estadounidense resolvió que Toledo puede ser extraditado a su país natal, donde es buscado por delitos vinculados con un escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht.
Toledo se encuentra en estos momentos en arresto domiciliario y los fiscales aseguran que podría fugarse.
Para poder tomar una decisión sobre si Toledo debería ir a la cárcel o no, el juez, llamado Thomas Hixson, le dio plazo al expresidente para responder antes del 15 de octubre. Toledo deberá rebatir los alegatos de los fiscales y explicar por qué, a su juicio, debería permanecer detenido en su casa.
La fiscalía del distrito norte de California dijo que la pandemia ya no es un problema para escapar.
“El riesgo de huida por avión de Toledo ya no se ve reducido por la pandemia, hecho que podría haber sido así previamente”, señaló la fiscal Stephanie Hinds.
Hixson falló el martes que Toledo puede ser extraditado después de que el expresidente batallara en un largo proceso. Perú pide la extradición desde 2018.
Toledo fue detenido en 2019 en Estados Unidos por la solicitud de extradición ligada a los sobornos que Odebrecht pagó a su administración. Tiempo después se le otorgó el arresto domiciliario.
Los fiscales peruanos afirman que Toledo habría recibido hasta 35 millones de Odebrecht para favorecerlo en diversas obras de infraestructura durante su gestión entre 2001 y 2006.
La extradición del expresidente Toledo debe ser aprobada en última instancia por el Departamento de Estado estadounidense, que puede ordenarla en cualquier momento después de que el juez confirmó que el proceso cumplió con todos los requisitos.
En caso de ser extraditado, Toledo será el segundo presidente peruano en llegar desde otro país mediante un tratado bilateral de este tipo.
En 2007 Alberto Fujimori (1990-2000) arribó a Perú extraditado desde Chile y actualmente cumple 25 años de cárcel por asesinato y corrupción. Estados Unidos extraditó al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en 2018.
El exfiscal federal Adam Fels, que representó al gobierno estadounidense en el caso de Martinelli, dijo a AP que la orden de extradición de un juez que ha escuchado el caso en una audiencia no puede ser apelada. Sin embargo, expresó, la persona a la que se busca extraditar -en este caso Toledo- puede presentar un recurso de habeas corpus en busca de frenar la extradición. Una corte federal de distrito sería la que decida si da lugar o no a ese pedido.
La defensa de Toledo no ha dicho cuál será su estrategia o si presentará un recurso de habeas corpus para reabrir el proceso.
Uno de sus abogados, Geoffrey Hansen, dijo a AP que no tenía comentarios para efectuar tras la decisión del juez.
Aunque el expresidente ha pedido tiempo hasta el 15 de octubre, el secretario de Estado Antony Blinken podría ordenar su regreso a Perú en cualquier momento, explicaron varios expertos a AP. Dijeron que no hay ninguna normativa que lo obligue a esperar por una cantidad determinada de días hasta que la persona presente un habeas corpus.
El Departamento de Estado no respondió una pregunta de AP sobre si ya había tomado una decisión sobre la extradición de Toledo.
En la solicitud del viernes los fiscales dicen que Estados Unidos debe actuar como una buena aliada de países como Perú.
“Es importante que Estados Unidos sea visto en la comunidad internacional como un país que cumple con sus acuerdos para así poder pedir que otro países cumplan con sus obligaciones con Estados Unidos”, escribieron los fiscales. “Esa reciprocidad queda afectada si un fugitivo se escapa después de ser liberado a través de una fianza”.
AP
