POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- La ley del DNI ha sido declarada inconstitucional por voto unánime de los jueces del Tribunal Constitucional, por no haberse cumplido el procedimiento correspondiente a la aprobación de la ley orgánica que requiere una mayoría calificada de 2/3 partes.
El TC cumplió con su deber de garante y guardián de la Constitución y del Estado de derecho.
La ley del DNI, aprobada con el apoyo de todos los partidos el año pasado, generó grandes críticas de la sociedad por tener textos que vulneraban derechos fundamentales de los dominicanos protegidos por la Constitución.
Estos aspectos no fueron abordados por el fallo del TC, porque al haberse aprobado con mayoría simple, la misma caía sin examen de su contenido.
El fallo del TC pone en clara evidencia la falta que hace en el Congreso Nacional la presencia de cerebros jurídicos que puedan en ambas cámaras alertar a tiempo este tipo de situaciones, que nunca debieron producirse.
En el Congreso Nacional nadie alzó su voz contra la ley del DNI, ni del PRM, ni de los partidos de oposición, ni sobre el aspecto por la cual hoy ha sido declarada inconstitucional, ni por los artículos que vulneraban derechos fundamentales de los dominicanos, que fueron enumerados por la Sociedad Dominicana de Diarios.
Lo que ha estado ocurriendo con la composición del Congreso y su bajo desempeño en formación de leyes, es que el votante no se fija en la preparación jurídica de quien va a elegir para hacer leyes.
La campaña de los diputados y senadores, con algunas excepciones, se basa en el clientelismo y marketing superficial, fotos y videos sobre temas banales sin ninguna sustancia.
Esa ignorancia del electorado es la que ha producido un deterioro en la calidad jurídica de los legisladores y, por ende, de las leyes que aprueban, que en muchos casos ni leen.
En el futuro, dentro de las reformas electorales que se hagan deberá contemplarse algún tipo de requisito a los candidatos, o a una proporción de ellos, con respecto a sus conocimientos jurídicos, porque ellos tienen la competencia exclusiva de hacer nuestras leyes.
Si no lo hacemos, seguiremos dando tumbos aprobando leyes que después tienen que ser declaradas inconstitucionales.
