POR GUILLERMO PEREZ.- Podría parecer un título alarmista, pero no lo es. Es un pronóstico preciso y contundente de la escalada y confrontación extrema que se avecina en Haití.
Y es que la situación en ese abatido país ha dejado de ser una simple crisis de gobernanza y seguridad para convertirse en la antesala de una guerra abierta.
La prueba irrefutable es que la opción militar allí ya no está “sobre la mesa”, sino que ha sido aprobada y puesta en marcha.
La autorización de la Fuerza de Represión de Bandas (GSF) por parte del Consejo de Seguridad de la ONU marca un punto de inflexión irreversible; no hay vuelta atrás.
Ya no se trata de “mantener la paz” o “apoyar a la policía,” sino de una estrategia de represión y neutralización de grupos armados que controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe.
En el horizonte haitiano, la única variable dudosa no es si habrá guerra, sino cuándo la GSF estará lista para actuar y cuán prolongada y brutal será esta.
La perspectiva sólida es una pelea de baja intensidad, pero con alta brutalidad, con una fase inicial de estancamiento logístico seguida por una confrontación directa e inevitable entre la fuerza multinacional y las pandillas.
La creación de la GSF, con un mandato explícito de 12 meses (hasta octubre de 2027) y 5,550 efectivos para “desmantelar las bandas armadas” y proteger infraestructuras críticas, elimina cualquier posibilidad de negociación o coexistencia.
Lógica de la confrontación
Tomar bien en cuenta que la GSF es una fuerza de represión, no una misión de paz. Su éxito depende de reducir el control territorial de las pandillas, una meta que solo puede lograrse mediante el uso de la fuerza.
Los grupos armados controlan territorios, explotan recursos (secuestros, tráfico) y han demostrado una capacidad de resistencia superior a la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS), cuyo mandato de 12 meses terminó el pasado jueves 2 de octubre. No se someterán voluntariamente.
La llegada de esta fuerza será vista como una declaración de guerra y una amenaza existencial a su “gobierno” de terror y muerte.
La GSF tendrá que operar en un entorno de lo que se denomina guerra urbana asimétrica. En pocas palabras, una pelea en la que cualquier medio y forma es válido.
Las pandillas utilizarán el conocimiento del terreno, la coacción de la población civil como escudos humanos y tácticas de guerrilla, lo que garantiza un alto riesgo de bajas y daños colaterales.
Ventana para las bandas.
El despliegue de 5,550 efectivos, la financiación, la selección de países y el establecimiento de la Oficina de Apoyo de la ONU llevarán tiempo, posiblemente meses. La GSF esperará la preparación de la logística para actuar, y la coordinación.
Y es en esto último donde radica el factor clave para los grupos armados.
Las bandas no esperarán pasivamente, por lo que este retraso les abre una ventana de oportunidad.
Entonces, es previsible que intensifiquen la violencia, expandan su control territorial y realicen ataques de alta visibilidad antes de la llegada de la fuerza, buscando maximizar el caos y debilitar la legitimidad de la intervención.
Imposibilidad de elecciones
Ante este inevitable asomo de confrontación directa, la posibilidad de celebrar elecciones el venidero 15 de noviembre se ha vuelto insostenible, hasta ser abandonada, tácitamente, por el Consejo Presidencial de Transición (CPT).
Y aquí está la prueba: El CPT ya no habla de “comicios” sino de “estabilidad y defensa”. Un cambio razonable, porque es imposible organizar un proceso electoral libre cuando grupos armados controlan el territorio y 1.3 millones de personas están desplazadas.
La nueva fuerza busca “facilitar las condiciones para la paz y el desarrollo a largo plazo” y “fortalecer las instituciones nacionales.” La seguridad es el prerrequisito absoluto. Sin ella, no hay elecciones.
Es probable que el mandato del CPT y de la GSF deba ser extendido, porque el objetivo de “neutralizar a las pandillas” es demasiado ambicioso para lograrlo en un año de inicio.
El enfoque se centrará en la reforma de la gobernanza y el fortalecimiento institucional, como la Policía. La seguridad y la gobernanza serán los pilares del próximo año (2026), relegando las elecciones a un horizonte más lejano, quizás 2027, o más tarde.
Haití se dirige hacia un período de conflicto intenso, donde la GSF enfrentará la tarea colosal de desmantelar redes criminales arraigadas, mientras el liderazgo político se enfocará en restaurar la estabilidad básica y la defensa de las instituciones.
Esto significa que la jornada electoral será aplazada hasta que la seguridad sea, por lo menos, manejable, priorizando la consolidación del orden antes que la celebración de comicios.
