POR LEONEL FERNANDEZ.- Durante las últimas semanas se ha estado debatiendo en el país sobre el proyecto de solución vial en la intersección de la avenida República de Colombia con las avenidas de Los Próceres y Monumental.
El interés ha surgido como consecuencia de declaraciones oficiales que indican que la materialización de dicho proyecto podría afectar la integridad del Jardín Botánico, protegido como un área de conservación científica y ecológica.
Todo eso provocó un gran revuelo popular, obligando a varios estamentos del gobierno a aclarar que supuestamente había varios proyectos en estudio, lo que pone en evidencia que no se trata de una obra en fase de ejecución.
La solución vial de la avenida República de Colombia es uno de los proyectos anunciados por el presidente de la República a finales de 2023, como parte de la renegociación del contrato de concesión entre el Estado dominicano y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM).
En virtud de ese contrato, AERODOM extendería por 36 años (desde 2024 hasta 2060), equivalentes a nueve períodos de gobierno, sus servicios en la República Dominicana, entregando por adelantado 775 millones de dólares.
Además de esa obra vial, el gobierno del PRM se comprometió a aplicar esos recursos a varias otras iniciativas, entre las cuales figuran la construcción de un puente levadizo que sustituiría al actual, flotante, sobre el río Ozama; un puente paralelo al Jacinto Peynado; y una unidad traumatológica en San Cristóbal.
A eso se le añade el asfaltado de calles en La Caleta, Boca Chica y el Gran Santo Domingo, así como la construcción de una vía expresa desde la Plaza de la Bandera hasta la avenida 6 de Noviembre.
Aunque la modificación al contrato de AERODOM aún no había sido estudiada ni aprobada en el Congreso Nacional, los 775 millones de dólares fueron incluidos mediante una adenda al proyecto de Ley General de Presupuesto del Estado de 2024.
Destino de los fondos
De conformidad con las explicaciones ofrecidas por la Dirección General de Presupuesto, la primera partida de los recursos de AERODOM, por un monto de 17,348 millones de pesos dominicanos, fue recibida en marzo de 2024.
De forma espectacular, dos meses después, en mayo de ese mismo año, ya se habían ejecutado cerca de 16 mil millones de pesos, equivalentes al 91 por ciento de los recursos recibidos hasta esa fecha.
Es impresionante que, en tan solo dos meses, un gobierno que se caracteriza por ser ineficiente en la ejecución de sus proyectos haya establecido un récord nacional al gastar una cifra tan significativa en tan poco tiempo.
De todas maneras, lo cierto es que, según ha expresado la propia Dirección General de Presupuesto, en la proyección de ingresos para los meses de julio a diciembre de 2024, que incluía la segunda partida de AERODOM, fue necesario modificar la Ley General de Presupuesto del Estado.
¿Por qué razón tuvo que modificarse?
Se modificó mediante la Ley 26-24 de julio de 2024, para autorizar la variación de la segunda partida de los fondos de AERODOM, con el fin de destinarlos, presuntamente, a otros proyectos de inversión que se encontraban en ejecución.
Al reconocer la modificación del presupuesto de 2024 para utilizar fondos de AERODOM en otros proyectos, implícitamente se ha admitido que ya los fondos provenientes de la institución de gestión aeroportuaria se han agotado. Ya no existen.
Ahora bien, la otra pregunta que habría que formular es: ¿a cuáles otros proyectos fueron aplicados esos fondos?
Para averiguarlo, se realizó una búsqueda en el portal institucional de la Dirección General de Presupuesto. Se le dio clic a varias de sus secciones y no se encontró información alguna. Pretendidamente, la segunda partida de los fondos de AERODOM no fue aplicada a las obras inicialmente señaladas por el Presidente de la República, debido a que estas, como manda la ley, debían ser sometidas a licitación.
Inevitablemente, surge otra pregunta: ¿cómo es posible que, si se incluyó la realización de unas obras para ejecutarse en el período presupuestario, no hayan sido licitadas previamente?
Para ser benévolos, a eso habría que llamarle improvisación, incapacidad o ineptitud. Pero, si se le da rienda suelta a la imaginación, podría llevar a conclusiones sospechosas.
¿El dinero fungible?
En su momento, la explicación ofrecida desde los organismos oficiales fue que, ciertamente, los recursos que el gobierno recibió por adelantado por la extensión del contrato con AERODOM no se aplicaron a las obras anunciadas por el Presidente de la República, y que eso se debió a que no hubo tiempo para completar los procesos burocráticos de licitación y ejecución.
El argumento elaborado consistió en que, como el dinero es fungible, puede aplicarse perfectamente a otros proyectos, a pesar de que se había creado un organismo financiador llamado “Acuerdo de AERODOM”.
Conforme a ese argumento, eso no importaba, ya que, al fin y al cabo, eran parte de los ingresos del Estado y podían utilizarse en propósitos distintos a los originalmente señalados.
En la Ley núm. 26-24, que modifica la Ley 80-23 de Presupuesto General del Estado, se incluyen 50 proyectos financiados a través de préstamos, que abarcan desde gestión de residuos sólidos, construcción de acueductos, manejo de cuencas, gestión costera y el programa Supérate. Figuran, además, el proyecto del monorriel de Santiago, por un monto ascendente a 500 millones de dólares, así como el del tren metropolitano de Santo Domingo, también por 500 millones de dólares.
Ambos están bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia, a través del fideicomiso FITRAM, sujetos a ser financiados por la banca internacional. En ninguno de los 50 proyectos se indica que hayan sustituido a los inicialmente concebidos por el Presidente de la República.
Sin duda, un misterio preocupante, porque ya los fondos de AERODOM no existen, se agotaron, sin que se sepa a cuáles obras se aplicaron.
Esa falta de recursos, por suerte, es lo que podría salvar al Jardín Botánico.
