
SANTO DOMINGO.- En una carta contundente e inusual, la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, jueza de la Suprema Corte de Justicia, rompió el silencio y lanzó fuertes acusaciones contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al que señala de haber actuado con arbitrariedad, sesgo político y discriminación de género durante el proceso de evaluación de su desempeño.
En el documento, sellado por la Secretaría del CNM el 7 de noviembre de 2025 y dirigido a la secretaria del Consejo, magistrada Nancy I. Salcedo Fernández, Jiménez Ortiz denuncia una estructura de poder que “ha secuestrado la independencia del Poder Judicial y ha convertido la evaluación de jueces en un instrumento de persecución y control”.
Además acusa al CNM de violar los principios de objetividad y juridicidad, asegurando que el órgano evaluador actuó fuera del marco legal.
Alega que las razones usadas para calificarla como “no idónea” carecen de base jurídica y se sustentan en criterios inventados, como el llamado “criterio de evaluación” sobre la aplicación de la Ley 2-23, que, según dice, ni siquiera figura en los reglamentos del propio Consejo.
Jiménez Ortiz acusa directamente al CNM de distorsionar hechos técnicos y jurídicos, recordando que incluso el actual presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, reconoció públicamente que la implementación de la Ley 2-23 había tenido errores que debían corregirse mediante un acuerdo plenario.
“Presumo que el consejero Estévez habrá informado al CNM que reconoció la omisión del vacatio legis…”, cita en su documento, acompañando su afirmación con fragmentos de una conversación oficial de trabajo.
“Se me aparta por percepciones, no por hechos”
En otro de los párrafos más duros, la jueza denuncia que la evaluación en su contra se basó en “percepciones” de algunos consejeros, una práctica que compara con “los infames juicios de la inquisición”.
Asegura que se tergiversaron criterios sobre la “calidad” y “cantidad” de sus sentencias, sin evidencia objetiva ni revisión de sus informes de desempeño.
“Lo que evidencia un accionar arbitrario, injusto, abusivo y altamente preocupante dada la naturaleza del órgano evaluador”, escribió, añadiendo que la decisión contradice precedentes del mismo Consejo que, en otros casos, pasó por alto faltas similares cometidas por magistrados hombres.
Denuncia una práctica sistemática contra juezas
En la última página del documento, Jiménez Ortiz rompe definitivamente el protocolo judicial y apunta hacia un patrón de exclusión de mujeres dentro del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asegura que la descalificación de juezas “no idóneas”, pese a tener trayectorias intachables, se ha convertido en una práctica institucionalizada:
“El poder político sigue buscando quién deje caer, insinúe o provoque rumores perniciosos y denigrantes contra el evaluado a quien no quiere ratificar, no obstante su trayectoria”.
La magistrada sostiene que detrás de las decisiones del CNM hay una estrategia de descrédito que busca apartar a jueces independientes y disciplinar al Poder Judicial según intereses políticos.
“El Estado de Derecho, otrora asesinado por los dictadores vestidos de arbitrariedad, hoy lo asesinan los demócratas que actúan en representación de la institucionalidad”, sentencia en su cierre.
Una carta que reabre viejas heridas
El caso de Pilar Jiménez Ortiz revive las tensiones generadas años atrás por la magistrada Miriam Germán, quien también denunció atropellos durante su evaluación pública.
Jiménez Ortiz recuerda ese precedente y confiesa que, aunque en un principio no planeaba presentarse a evaluación, “me dejé convencer por quienes afirmaron que eso no volvería a pasar, pero se equivocaron. Todo sigue igual”.
La comunicación de seis páginas, que ya circula en círculos judiciales y políticos, promete sacudir las estructuras del CNM y reavivar el debate sobre la independencia judicial en República Dominicana.
Fuentes cercanas al Consejo indicaron que algunos miembros consideran la carta una “provocación pública”, mientras que sectores del gremio judicial la celebran como un acto de valentía frente al poder político.






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