POR DANILO CRUZ PICHARDO.- En la historia universal no se conoce gobierno alguno que haya administrado a favor de las clases alta y baja simultáneamente. Siempre favorece a una o a otra.
Y la presente gestión, desde el período de transición, designó ministros y demás funcionarios de primer orden, salvo contadas excepciones, de la oligarquía dominicana, bajo la teoría de que los ricos no necesitan y como no tienen necesidades “no roban”. Nada más falso.
Las causas de la corrupción pública, fundamentalmente, hay buscarlas en la impunidad judicial. En República Dominicana no hay tradición de castigo al robo de los recursos públicos, por la debilidad institucional y la nociva concentración de poderes, pues casi siempre quien ocupa la casa presidencial influye de forma determinante en las demás cortes.
Y una muestra está en que las cámaras legislativas ya aprobaron los fideicomisos públicos, una patraña para que la oligarquía se apropie de patrimonios estatales estratégicos, mientras el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio sigue en el limbo. Ni hablar del Código Penal que tiene unas dos décadas dando tumbo en el Congreso Nacional.
Posiblemente cuando se refieren a la gente pobre se piensa en los jóvenes rateros de los barrios, un fenómeno social bien estudiado y descansa en la falta de oportunidades sociales, económicas, educativas y en los hogares desintegrados, entre otras.
Sin embargo, conozco a muchas personas que han salido de barrios marginados, han estudiado, han ascendido en la escala social y son personas honorables, moralmente inmaculadas. Ese tipo de profesional brilla por su ausencia en esta administración y son escasos los miembros de clase media, porque se les dio prioridad a aquellos sujetos que invirtieron millones de pesos en campaña. Ese dinero de campaña lo sacan del Estado de forma multiplicada.
Además, el nepotismo no tiene precedentes históricos, porque todos los funcionarios de alta jerarquía adicionalmente tienen a las esposas, hijos, nietos y yernos en viceministerios, de embajadores y demás cargos diplomáticos. Se trata de personas que nunca han intervenido en política partidaria. ¿Dónde está la honestidad y la transparencia que se pregona?
La historia de la oligarquía dominicana demuestra que muchas de las operaciones de sus miembros son deshonestas. Evaden impuestos, aranceles, no pagan los préstamos al banco estatal (porque tienen que recuperar con creces los favores de campaña), se apropian de patrimonios públicos (como el caso de Sans Soucí) y, muchas veces, inclusive, se roban energía eléctrica consumida en sus empresas.
Es cierto que mucha gente pobre de los barrios se roba la luz, pero los ricos se roban las plantas; hay gente pobre que sustrae carretillas de arena de ríos y de las playas, pero la oligarquía se coge las playas enteras. No tengo que poner ejemplos, porque sobran en pasado gobiernos. Y en el presente, a través de los funestos fideicomisos, ya se pueden citar varios casos en marcha.
En lo que tengo de vida he tenido el privilegio de ver muchos gobiernos, la mayoría de ellos corruptos por idiosincrasia, pero ninguno de ellos (¡óigalo bien: ninguno!) estuvieron constituidos, mayoritariamente, por oligarcas. Es un Gobierno de ricos que gobierna para los ricos.
