Santiago. El Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas valora el decreto que declara de alto interés y prioridad estratégica la prevención, detección, investigación y combate del terrorismo medioambiental.
La decisión puede constituir un instrumento importante para proteger el patrimonio natural del país, siempre que se traduzca en acciones concretas, investigaciones rigurosas y consecuencias para quienes realmente organizan, financian, autorizan o se benefician de la destrucción ambiental.
Sin embargo, expresa que se debe precisar que gran parte de las conductas señaladas ya están prohibidas y sancionadas por la legislación dominicana.
Indica que la principal novedad del decreto está en su tratamiento como asunto de seguridad nacional y en el mecanismo de coordinación institucional que dispone.
Pide que se apliquen leyes
El Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas considera que, las investigaciones no pueden detenerse en el jornalero, el operador de una máquina o el conductor de un camión.
“El verdadero desafío será su aplicación. Casos como los ocurridos en Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, Bucanyé, Isla Catalina, el Cinturón Verde de Santo Domingo, Loma Quita Espuela, Boca de Yásica, así como las intervenciones de humedales, manglares y dunas costeras, demuestran que muchos daños ambientales de gran escala requieren planificación, recursos económicos, autorizaciones, omisiones y beneficiarios concretos”, expresa.
Plantea que se debe seguir la propiedad, el dinero, las órdenes, los permisos y las responsabilidades institucionales hasta identificar a quienes hicieron posible y rentable el daño. cree que el decreto necesita ahora un plan operativo responsable.
Llama a empezar con los casos de mayor gravedad
Plantean que nadie debe ser declarado culpable sin pruebas y sin juicio, pero tampoco nadie debe quedar fuera de una investigación por su fortuna, rango, influencia política, militar o económica. Refiere que si el país ha decidido utilizar una denominación tan grave como “terrorismo medioambiental”, su aplicación debe comenzar precisamente frente a los casos más graves.
MIGUEL PONCE
