LA PAZ.- La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, denunció el viernes que buscan detenerla por la crisis política y social que en 2019 precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
“La persecusión política ha comenzado. El Movimiento al Socialismo (el partido del gobierno) ha decidido volver al estilo de la dictaduras. Hay una denuncia con que la pretenden perseguirme”, publicó la exmandataria en su cuenta de Twitter.
Por la noche, policías custodiaban la vivienda de la exmandataria en la ciudad de Trinidad, al noreste de La Paz, sin que hayan pido detenerla. Áñez no se encontraba en su casa.
Más temprano, dos exfuncionarios de Añez, entre ellos su ministro de Justicia Álvaro Coimbra, fueron detenidos en la misma ciudad y trasladados a La Paz para declarar en un juicio por terrorismo y sedición, informó el fiscal Omar Mejillones,
El Ministerio Público ordenó la aprehensión de doce exfuncionarios políticos, militares y policías, pero Mejillones declinó confirmar si la lista incluye la exmandataria.
Áñez era senadora de oposición y asumió tras la renuncia de Morales y su salida precipitada a México.
Morales renunció en medio de duras protestas y enfrentamientos callejeros entre partidarios y opositores tras las elecciones de octubre de 2019 denunciadas como fraudulentas. Treinta seis muertos dejó el estallido social, entre ellos, 16 seguidores de Morales que murieron por disparos de las fuerzas del orden.
El viernes también fue detenido un exjefe militar y eran buscados el excomandante de las Fuerzas Armadas y el exjefe de la Policía por haber solicitado la renuncia de Morales durante la crisis política.
El general William Kaliman junto a su Estado Mayor y el entonces comandante de la policía, Yuri Calderón, sugirieron públicamente la renuncia de Morales cuando el país estaba sumido en un estallido social. Ninguno pudo ser hallado en sus viviendas.
El caso avivó nuevamente la polémica entre el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), cuyos líderes son el presidente Luis Arce y Morales, que alegan que fue un golpe de Estado digitado por la derecha mientras los opositores sostienen que se trató de una rebelión popular ante un supuesto fraude electoral.
En una postura inédita, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que enfrentó a las dictaduras militares en los 70 y 80, apoyó a los jefes militares y policiales porque “salieron en defensa del pueblo”.
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Tanto Kaliman como Calderón habían sugerido la renuncia de Morales para pacificar al país, sumido en violentos enfrentamientos callejeros entre partidarios y opositores del exmandatario.
Otro de los investigados es el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho, líder de las protestas opositoras y virtual gobernador electo de Santa Cruz en los comicios regionales del pasado domingo y cuyo cómputo oficial aún no ha concluido. Camacho no tiene orden de detención y debió declarar el jueves, pero la audiencia fue suspendida por la presencia masiva de sus seguidores en las puertas del juzgado.
Jefes militares y policiales y líderes políticos opositores también son investigados por dos masacres de seguidores de Morales perpetradas por las fuerzas de seguridad.
“Estamos ante una persecución judicial operada por la Fiscalía y el gobierno que pretende instalar la mentira de un golpe de Estado cuando lo que hubo en 2019 fue un fraude electoral. La renuncia de Morales dio paso a una secesión constitucional”, dijo el expresidente (2003-2005) y líder de Comunidad Ciudadana el principal partido de oposición Carlos Mesa.
Los opositores acusaron al gobierno de manipular a la justicia.
El presidente de los diputados, el oficialista Freddy Mamani, negó que haya “persecución política” como denuncian los opositores. “La justicia tiene que hacer su trabajo”, declaró a la prensa.
A su vez el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, declaró a la prensa el viernes que los anteriores mandos militares “limpiaron” la información sobre la actuación de las fuerzas del orden en contra de manifestantes partidarios de Morales.
Desde Washington, la organización Human Rights Watch criticó al gobierno de Arce y al Poder Legislativo boliviano, dominado por el MAS, por “abrir las puertas a la impunidad por delitos graves” tras aprobar en febrero un decreto de amnistía para los partidarios de Morales que participaron en las protestas.
AP
