SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes presentación periódica al comunicador Aquiles Jiménez, imputado de utilizar un chaleco antibalas de uso militar.
El juez Rigoberto Sena dispuso que Jiménez Fernández se presente los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público.
De acuerdo con la instancia presentada por el fiscal José Martínez, el arresto del imputado se produjo el pasado 22 de julio, alrededor de las 7:00 de la noche, en la avenida Federico Geraldino, próximo a la calle Porfirio Herrera, del sector Piantini, Distrito Nacional.
CHALECO ANTIBALAS, VEHICULO CON PLACA OFICIAL
En ese lugar, agentes de la Policía Nacional observaron un vehículo BMW, con placa oficial y que «circulaba de forma sospechosa», de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
Al detenerlo e intentar depurar la placa en el sistema policial, esta no arrojó resultados, por lo que procedieron a realizar una inspección más detallada.
El conductor se identificó como Aquiles Jiménez y alegó que el vehículo había sido importado desde Miami, Florida, por la empresa Dulce Auto Import Export, sin mostrar documentación que acreditara su propiedad o legal circulación.
En momentos en que se registraba el vehículo, los agentes ocuparon en el asiento trasero un chaleco antibalas, sin ningún tipo de documentación.
CARNET DE AGENCIA DE INTELIGENCIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
En el mismo registro fue hallado un carnet de una agencia de inteligencia auxiliar del Ministerio de Defensa, vencido desde mayo de 2024, junto a otros objetos personales, agregó la información.
El Ministerio Público calificó jurídicamente los hechos como porte ilegal de pertrechos militares, en violación del artículo 70 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, el cual establece sanciones para quienes porten, posean, transporten o almacenen pertrechos militares o materiales restringidos sin autorización, con penas de hasta 20 años de prisión y multa de 100 a 200 salarios mínimos del sector público.
