Jueza de la Suprema aplaza para el 11 de marzo juicio a diputado acusado de desalojo ilegal
La jueza de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanesa Acosta Peralta, aplazó para el 11 de marzo el conocimiento del juicio preliminar en contra del diputado de la provincia Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, acusado de desalojo ilegal.
La magistrada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia decidió reenviar para ese día a las 9:00 de la mañana la solicitud de apertura a juicio en contra del legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El tribunal tomó la decisión a fin de que los abogados del legislador tomen conocimiento de la acusación de la querellante, Lucila Nelly Capellán Luna, constituida en actor civil, que viene a reforzar la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR).
A la salida del tribunal el legislador dijo ser inocente de lo que le están acusando, tras señalar que “eso ha sido una burda mentira, y nosotros vamos a defender en justicia nuestra verdad”.
“Yo soy un hombre que siempre ha actuado a la justicia y a la ley. Voy a demostrar en este país que se va a acabar de estar dañado honra y dañando la imagen de personas serias y honestas como nosotros”, adujo.
Dijo que el nombre de su familia se ha querido empañar con esa «farsa, con esa mentira», con abogados y personas que a su juicio “son delincuentes y que todo el mundo los conoce”.
Sostuvo que está desarrollando un proyecto turístico en la provincia Puerta Plata, en la ciudad La Isabela, sector de Punta Rusia, que contempla un villas turísticas, cerradas, privadas. Dijo que ese proyecto fue adquirido con mucho esfuerzo y sacrificio.
De su lado, el abogado Cesar Amadeo Peralta, quien representa a la querellante, dijo que hay mucha gente en Santiago y Punta Rucia que se han dejado confundir del legislador y “pónganle atención a Punta Rusia hay un fraude colosal igual que Bahía de Las Águilas”.
La acusación fue presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), a través del procurador adjunto Rafael Suarez, quien pide que se dicte un “auto de apertura” a juicio en su contra.
Nelly Capellán Luna interpuso la querella el 11 de noviembre de 2020. En la misma acusa al congresista de una presunta violación de los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública, y el número 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad Privada.
La mujer alega que el 27 de marzo de 2020 el señor Domínguez Domínguez dirigió la ejecución ilegal de un desalojo, la destrucción y demolición de una vivienda en construcción a nivel de plato, ubicada en la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata.
Conforme a la instancia, el legislador hizo el desalojo sin la debida orden de una fuerza pública y acompañado de una turba de hombres armados, incluyendo militares, y otros que simularon ser fiscales y un juez de paz.
La querellante también acusa a la esposa del diputado, Judith Idalia Núñez Guzmán; a su empleado, Catalino Martínez; a Julio César Acosta, propietario de una pala mecánica y al conductor del aparato, Enmanuel Williams Molina.
RAMON CRUZ BENZAN
