Santo Domingo – A propósito del debate que ha surgido en el país sobre la aplicación del fideicomiso, el expresidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, señaló que esta herramienta jurídica por sí misma no es nada pecaminosa cuando se implementa sin traumas y se revisan experiencias de otros países.
Valentín considera que el Estado debe tener la suficiente fortaleza para arbitrar la economía, no para limitarla, pero sí para ser capaz de permitir que los más poderosos no afecten la posibilidad de que se promuevan políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables.
El exsenador también entiende que es necesario revisar otras experiencias sobre fideicomiso como la chilena y la mexicana, donde ha habido serios traumas en su implementación que han sido perniciosos para el Estado.
Dijo que en su caso, cuando el PLD votó por una ley de fideicomiso, se creó un comité técnico y estando presentes Danilo Medina, Temístocles Montás, los titulares de secretarías y parte de los diputados que defendieron la pieza que se aprobó, él debatió al respecto y dejó establecidas sus observaciones.
Estas precisiones las hizo Valentín al ser entrevistado en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., los sábados a las 9:00 de la noche por Entelevisión, donde añadió que entiende que el comité técnico debe tener la capacidad de determinar quién entra y quién no al fideicomiso.
La visión de Valentín es que en el fideicomiso el sector privado no puede tener la parte mayoritaria, sino que la misma sea mixta y sugiere un cambio en la ley actual que establezca que cualquier proceso de enajenación no debe ser una decisión de tres o cinco personas.
Además, sugirió que, en caso de constituirse el comité técnico, no se diga que el Estado tendrá ´al menos´ dos de los cinco integrantes: “Yo sugiero que la ley diga que el Estado no tendrá menos de tres integrantes, es decir, siempre voy a defender una participación protagónica, no que ahogue al sector privado que es el que genera riquezas, pero sí que ese Estado tenga una lógica de defensa del patrimonio público que resguarde la transparencia y los objetivos de desarrollo nacional.
