POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ.- La corrupción administrativa es un gran negocio, para los corruptos, para los que desde un estrado, una redacción de periódico, una cuenta en las redes sociales, un programa de televisión o de radio, defienden a los corruptos.
La excusa para muchos parece valida, pero no lo es: “Todos tienen derecho a una defensa técnica”. La otra máxima jurídica, es igualmente aceptada no es menos válida: “presunción de inocencia”. Es decir, todo imputado es inocente hasta tanto se le pruebe le contrario. Esa es una verdad a medias porque depende de quién sea el acusado, si es pobre o rico, clase alta o baja.
El sistema judicial no está al margen de la lucha de clases. Al contrario, forma parte del sistema de opresión y explotación de los de arriba sobre los de abajo. No invento al agua tibia ni el hielo en cuadritos al decirlo. No en balde las cárceles están saturadas de pobres, en la mayoría de los casos por delitos menores.
El “¡tránquenlo!”, predomina cuando de marginados se trata. Es muy difícil que un poderoso vaya a la cárcel. Se requiere de muchas audiencias que pasan de un tribunal a otro hasta llegar -si es que llega- a la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional.
El que roba un peso es un ladrón, pero el que roba un millón o millones, es un señor que puede contratar los mejores abogados, comprar fiscales y hasta jueces, que logra protección de corones y generales, que soborna comunicadores y periodistas para cuidar su reputación.
Esa es la realidad en esta y en cualquier sociedad clasista. Lo he dicho muchas veces: según la doctrina, todos somos iguales, pero hay unos iguales que son más iguales que otros. Los pobres no son tan iguales como los ricos. Así de sencillo.
El presidente Luis Abinader se ha propuesto un gobierno decente, honesto y transparente, terminar con la corrupción, transformar y adecentar el Estado creando un régimen de consecuencias para que nadie goce de impunidad.
Le resulta cada vez más difícil, como hemos podido ver. Cada vez que se practican allanamientos, apresamientos, se dictan medidas de coerción contra acusados de corrupción inmediatamente parecen abogados muy capaces y caros, alegando violaciones a las leyes, atropellos a los derechos humanos, “aparatajes innecesarios”, apresamientos ilegales, maltratos, humillaciones y otros calificativos que luego la prensa reproduce y crean una corriente de opinión favorable para los funcionarios o exfuncionarios involucrados.
Esos abogados del sistema, de nombre y renombre, no defienden pobres. Jamás los verá en un estrado postulando para evitar que vayan a las cárceles. No tienen con que pagarles. Los políticos corruptos, sí tienen. Con el dinero que se roban pagan abogados, fiscales, jueces, generales y periodistas.
