POR CARLOS SALCEDO.- La ética es la rama de la filosofía que estudia lo correcto e incorrecto de la conducta humana atendiendo al bienestar o los daños que esta pueda provocar a la comunidad y al individuo.
Para Sócrates, el primer filósofo, el objetivo del buen político es el de instaurar y mantener la virtud (aretê) en las almas de los ciudadanos. ¿En qué consiste la virtud socrática? Es la combinación de cuatro valores cardinales: la justicia, la moderación, la valentía y la sabiduría.
La relación entre la ética y la política ha sido siempre un tema inevitable por una razón esencial: ambas, al menos en su sentido filosófico y desde su propia identidad, tienden a la búsqueda del bien. En política, la ética está ligada al desarrollo y a la institucionalidad democrática.
Ya no nos espantamos; pero cuando abrimos los periódicos, accedemos a las redes, escuchamos y vemos las noticias y comentarios en los medios de comunicación hay un elemento que no falta: estamos atravesando siempre por una crisis de ética política. Esto significa que los principios y valores rectores de las diferentes corrientes del pensamiento político parecen diluirse en el ejercicio gubernamental.
Esta situación genera un amplio descontento social y una enorme desconfianza de las personas y ciudadanos respecto del sistema político y de partidos, poniendo en juego la estabilidad del sistema democrático y fomentando ideas autoritarias de falso orden frente al caos propiciado por las prácticas antiéticas.
Freno
Frenar esta realidad requiere de una ciudadanía, una sociedad civil y un sector empresarial determinados a exigir mayor transparencia, coherencia y honestidad a los políticos. Se precisa, pues, de una ciudadanía activa, participativa y atenta para que lo que de bueno viene ocurriendo en términos de mayor transparencia y ejemplo de integridad desde el Poder Ejecutivo y otros ámbitos se sigan replicando, lo que contribuye a nuestro desarrollo y a la democracia.
Impulsar una ética política que observe los principios y valores del Estado Social y Democrático de Derecho -Estado Constitucional- supone un cambio de paradigma de la ciudadanía para sancionar las inefables prácticas del clientelismo político y se abandone el “sálvese quien pueda”, para asumir proyectos de bienestar colectivo.
