POR CRISTHIAN JIMENEZ.- La designación de los miembros de las altas cortes siempre ha sido y será una decisión política de quienes controlen el poder. Lo demás es escaramuza, puesta en escena mediática.
El momentum político determina los nombres de los ocupantes de los asientos. En medio de las emociones de la llegada a la presidencia, los mandatarios hacen concesiones, pero al aproximarse la salida optan por opciones que asumen disminuyen las posibilidades de ser molestados.
Leonel Fernández carecía de votos propios al estrenarse el Consejo de la Magistratura y hubo de aceptar una Suprema Corte distante de sus intereses, lo que posteriormente desquitose con creces en ese poder y varios órganos.
Hipólito Mejía en 2001, para escoger tres jueces faltantes, siempre franco, proclamó: uno para Balaguer; (Jorge) Subero (entonces presidente de la SCJ) que ponga uno y el otro es mío. Hubo un acuerdo político entre el PRD y el PRSC. (Subero Isa, 14 años en el cargo, siempre ha dicho que Mejía fue el presidente que más respetó la independencia del Poder Judicial).
Danilo Medina optó en 2019 por un dirigente de su partido para la presidencia de la SCJ, provocando críticas. Luis Henry Molina, 12 años director de la Escuela de la Judicatura”, dijo en ese momento que “siempre ha actuado con responsabilidad, con conciencia y con ética”, con respeto a la Constitución, “pero sobre todas las cosas me respeto a mí mismo y mi servicio a la ciudadanía”. Ha cumplido con lo prometido.
Luis Abinader evita designar a dirigentes partidarios e incluso ha impulsado a jueces de carrera y corrido riesgos con algunos lejos de su redil. Plausibles escogencias en la JCE, TSE, Defensor del Pueblo, TC y vacancias en la SCJ. Fracasó en la primera Cámara de Cuentas.
Abinader, quien sale definitivamente del poder en 2028, ha iniciado el proceso de renovación de la SCJ, con la evaluación de tres jueces que aspiraban a continuar, al vencer el mandato constitucional de los 7 años. Los 3 fueron “quemados”.
Al despuntar la pasada semana comencé a tratar en radio y redes sociales las dificultades de una real evaluación de parte de los miembros del CPJ y de los riesgos reputacionales para jueces con méritos ganados en el ejercicio jurisdiccional y en la academia. Abogué por la eliminación de la “evaluación”, pero requería otra reforma constitucional, improcedente actualmente.
La Constitución, en su artículo 179 dispone la evaluación, mientras que el artículo 33 de la Ley Orgánica del CPJ sobre “Criterios para la evaluación de desempeño” precisa que se tomará en consideración “integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas y atención y eficiencia a casos asignados”.
El reglamento 2-25 sobre la evaluación de desempeño explica rigurosos “aspectos técnicos”, “éticos y personales” y dice que el Consejo “podrá recabar informaciones que considere importantes” (¡ay, Jean Alain!).
Vi las tres entrevistas completas de los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read y Moisés Ferrer y, en al menos dos de los casos, me resultaba imposible el rechazo. Las motivaciones figuran en un acta que será publicada en la web del Consejo en fecha no precisada.
Pudieron evitarles el mal momento a los distinguidos magistrados, de bien ganada reputación profesional. Quizás otros, también de sobrados méritos, en lo adelante eviten someterse a la “evaluación” y se limiten a un periodo. El país pierde.
Estas tres vacantes se suman a las dos existentes, 5 en total, por lo que a partir de este lunes se abrirá la convocatoria para la presentación de candidaturas.
La decisión es política en un mal momento del gobierno y con un 2028 en el que pudiera ocurrir cualquier cosa…
