POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Los acuerdos de funcionarios estadounidenses con dominicanos que admiten traficar con narcóticos constituyen un mal negocio para República Dominicana. Aquí la sangre, huérfanos y viuda. En Norteamérica, parte de los bienes e informaciones que nunca se comparten con las autoridades criollas, pero utilizables convenientemente con fines políticos.
Se resalta siempre la colaboración entre ambos países, aunque ausente la reciprocidad y la corriente solo fluye en la dirección que dicta Estados Unidos. República Dominicana ha extraditado a cientos de dominicanos, pese a que antes del 2015 no era obligatorio entregar a un nacional. En más de un siglo ningún estadounidense ha sido traído para ser juzgado en RD.
El tratado firmado en enero de 2015 y que entró en vigencia en diciembre del 2016, que modifica el rubricado en 1909, estableció que “no se puede negar la extradición basándose en la nacionalidad de la persona requerida”.
Para disponer la extradición de un dominicano, se requiere levantar los cargos imputados si no ha sido juzgado. La historia es que eso ocurre y los sujetos regresan tras acuerdos con los estadounidenses y reclaman y obtienen sus bienes fruto del crimen organizado. El más eficiente lavado.
Acuerdos que han dejado un mal sabor son los de Quirino Ernesto Castillo y Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), éste último con dos extradiciones. Hay otros de menos notoriedad, sin disminuir su importancia, que han generado situaciones de violencia al ventilarse viejas diferencias o alegadas traiciones. “Regresé; devuélveme lo mío”, cuentan en tertulias sobre algunas llamadas que han provocado infartos.
Los gobiernos dominicanos siempre han querido complacer a los norteamericanos y alejarse del chantaje de que el país sería guarida para los criminales. Las solicitudes siempre han sido respondidas con celeridad. Estados Unidos saluda siempre la colaboración, pero las informaciones sobre las conexiones locales no llegan. Apenas el rumor de exfuncionarios y oficiales militares y policiales a quienes se les habría retirado el visado.
A finales de varias gestiones de gobierno se ha estado a la espera de lo que Vincho Castillo, en el caso Quirino, definió como “la aspiradora”, que llevaría a alegados cómplices a las cárceles de Estados Unidos.
Ahora trasciende la posibilidad de acuerdos entre las autoridades federales norteamericanas establecidas en Puerto Rico con César Emilio Peralta, alias “el Abusador”, sobre la base de revelar sus conexiones locales e internacionales para introducir drogas a los Estados Unidos.
Según revelaciones de El Día, el Abusador divulgaría nombres de autoridades locales que le habrían facilitado sus operaciones, en un principio de acuerdo, pendiente de la validación de un juez. En principio se habló de 5 años de cárcel y la incautación de bienes, pero hay contradicciones que han provocado un replanteamiento de las negociaciones.
Peralta, con varios negocios de diversión, en lugares populares y residenciales por años, huyó luego de que agencias norteamericanas divulgaran que le perseguían por narcotráfico y lavado. Fue apresado en 2019 en Colombia, de donde fue trasladado a Puerto Rico en diciembre del 2021, tras una solicitud de extradición.
El Abusador habría operado desde 1997 hasta 2019, con sobornos a policiales, miliares y funcionarios civiles. Habrían salido a relucir operaciones con Figueroa Agosto, puertorriqueño que operó aquí y que llegó a acuerdos, que le permitieron salir de prisión en diez años, que cumplió en 2020.
El 23 de octubre un juez decidirá la suerte de Peralta, pero visto lo ocurrido con casos anteriores no se espera que pueda provocar un remezón nacional que lleve a la cárcel a sus protectores de importancia.
Hay complicaciones legales. Una investigación abierta en RD y ya una parte sus asociados fueron sometidos a la justicia e incautado sus bienes.
